Así se gestó el informe que acorrala al Gobierno

La forma de actuar de la UCO en este asunto ha sido la misma de siempre. Tras autorizar el juez el registro en la vivienda de Koldo se elaboró un primer informe en el que se daba cuenta del resultado de esa diligencia; es decir, de lo intervenido. Posteriormente, cuando comenzó el análisis de todas las evidencias, buena parte de ellas en soporte electrónico, fue cuando se localizaron estas grabaciones.

Cuando sucede algo así, más aún si afecta a un aforado, de inmediato se da cuenta al instructor. En este caso, el 4 de febrero ordenó que se hiciera un informe específico sobre estas y otras conversaciones, ya que en alguna de ellas tenía un papel relevante una persona con importantes responsabilidades en el PSOE que hasta ese momento no había aparecido.

Además, el 23 de abril de 2025, el juez ordenó a la UCO que se elaborase el correspondiente informe acerca de las adjudicaciones de las obras que aparecen destacadas en fluorescente en la documentación aportada a la causa por Aldama, debiendo identificar a las empresas que finalmente resultaron adjudicatarias en cada una de ellas.

En paralelo, el juez decidió abrir una pieza separada y secreta para blindar esta parte de la investigación. Aun así, fueron numerosas las filtraciones en las que se hablaba de que estaba preparándose un informe específico sobre Santos Cerdán, lo que no era cierto; al menos, no del todo cierto.

Fuentes próximas a la investigación desmintieron a ABC que se tratara de un informe específico sobre el secretario de organización del PSOE al estar aforado, y en puridad así era, ya que no se trataba de un documento que sólo se ocupase de Santos Cerdán, sino que analizaba, tal como informó ABC, las «comunicaciones telefónicas» de los imputados de la trama en el Alto Tribunal.

Por tanto, la petición del instructor a la Guardia Civil de que analizara las comunicaciones de Aldama con el secretario de Organización del PSOE llegó después de que el primero ratificara en el Supremo, en diciembre, lo que ya aseguró en su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional, tras salir de prisión por el caso Hidrocarburos: que entregó un sobre con 15.000 euros a Santos Cerdán en un bar frente a la sede del Partido Socialista, en la madrileña calle Ferraz, para que no se molestara porque, según le había trasladado el asesor del ministro, Koldo García, en el contexto de una licitación con una constructora, se había inmiscuido en el presunto control de la adjudicación en el norte, donde él tenía su «cupo vasco».

La UCO se puso en marcha, siempre por orden judicial, y comenzó a redactar ese documento, bastante amplio y que incluía tanto el análisis de las comunicaciones como de la documentación de Aldama. Cuando ya estaba el informe en la fase final de elaboración surgió la polémica de la supuesta 'fontanera' del PSOE Leire Díez, que ponía al jefe de la investigación, el teniente coronel Antonio Balas, en el foco.

Como informó entonces ABC, en la UCO el asunto se recibió con la lógica preocupación, pero es una unidad muy acostumbrada a trabajar bajo presión. Balas, por su parte, también es un mando con gran experiencia, así que la consigna fue seguir adelante como si nada sucediera y extremar las precauciones para que no hubiera filtraciones. Eso sí preocupaba, porque se sabía que si se producían iban a ser señalados.

El día 5; es decir, el jueves de la semana pasada, la UCO entregó el documento en el que analizaba las investigaciones y hacía al instructor, como es habitual en estos casos, propuestas de actuaciones. En concreto, se pedía hacer los registros de hace unos días en casa de Ábalos, pero también en una decena de empresas adjudicatarias de las obras públicas que están bajo sospecha.

Soporte documental

Se trataba, como es fácil de adivinar, de dar soporte documental a las prácticas irregulares que se vislumbraban en las grabaciones, porque una simple grabación es difícil que pueda sostener una acusación sin más indicios que la avalen.

Ya cuando el juez acordó esas diligencias estaba previsto, como informó ABC, que a finales de esta semana se levantara el secreto de sumario sobre esta pieza secreta, lo que ocurrió ayer mismo por la mañana. Lo que la UCO no esperaba, o quizá sí, es que ya el miércoles por la noche se filtrase que se había entregado el documento y que recogía esas conversaciones de Santos Cerdán.

Las fuentes de la investigación consultadas por ABC explican que los agentes no han trabajado con presión añadida, más allá de la que supone dedicarse a un caso tan sensible como este. Es verdad que entre ellos comentan la actualidad, pero es algo que no les influye en su trabajo.

Además, insisten en que se trata de una investigación judicializada y, por tanto, es el instructor quien decide cada paso, aunque obviamente los responsables de las pesquisas también proponen las actuaciones que consideran oportunas para avanzar. Pero es el magistrado el que las acuerda o las rechaza, en función de su criterio.