El Consello da Cultura plantea una educación en gallego 'a la carta'

Un gran eje de las propuestas del CCG se centra en el ámbito educativo, para el que propone ofrecer líneas de docencia «mayoritariamente» en gallego, siempre bajo la «premisa» de que exista la «demanda» suficiente y «consenso» con la comunidad educativa. En la práctica, se pretende «garantizar» que las familias que deseen una escolarización con mayor presencia de la lengua autóctona puedan acceder a ella dentro del sistema público. Esta implantación, explicó la vicepresidenta y coordinadora del foro, Dolores Vilavedra, al presentar el estudio, se haría a través de un proyecto piloto que se llevaría a los centros seleccionados, «siempre a partir de su voluntarismo y su disposición a participar».

La idea es que, partiendo de su propia «autonomía», los centros diseñasen un proyecto a implementar en las líneas o cursos que estimasen oportuno; a continuación, «se evaluaría el éxito del proceso». En todo caso, insistió el responsable del Observatorio da Cultura Galega, Håkan Casares, la iniciativa se pondría en marcha «en aquellos sitios donde se quiera y se pueda», pero su equipo evitó describir escenarios concretos. «No articulamos ningún sistema de medición de consensos, no creemos que sea operativo hacerlo en un lugar donde no hay consenso», se limitó a decir Casares.

Por lo demás, en el ámbito educativo se plantea la introducción de materiales en gallego en todas las áreas y «que no haya materias vetadas» para impartirse en esta lengua, planificar la acogida lingüística de las personas migrantes durante su paso por las aulas, o garantizar que los equipos de dinamización del gallego son «estables» y su profesorado cuenta «con posibilidad de una dedicación horaria mayor».

En su informe, el CCG también propone a las administraciones instaurar una planificación anual en torno a la lengua con presupuestos propios, labores de seguimiento y rendición pública de resultados. O, en el mismo ámbito, la inclusión de cláusulas lingüísticas en contratos públicos que favorezcan el uso del gallego en servicios externalizados.

Y tienen protagonismo otras dos áreas: la justicia y la sanidad. Se plantea crear «unidades piloto que operen íntegramente en gallego», «modelos estandarizados» de escritos y comunicaciones, o alcanzar la operatividad plena en gallego de las herramientas de gestión de la Administración gallega. –caso de plataformas como Atenea (en justicia) o Gacela (en sanidad)–. En clave menos extensa, el informe también presta atención a otras áreas: en economía, propone la realización íntegra en gallego de los procesos empresariales –como estatutos, contratos o cuestiones asesoría jurídica–; en el ámbito cultural, ampliar la oferta de programación infantil y juvenil en esta lengua; en el deportivo, un programa de acompañamiento a clubs y federaciones que incluya formación para que el deporte «sea un espacio amable para la lengua»; y, de cara a la prensa, la redacción de un código voluntario por el que agencias, gabinetes de prensa y medios de comunicación respetarían «la lengua original de las entrevistas y ruedas de prensa realizadas en gallego».

Todas estas serían medidas «de aplicación inmediata, que no precisasen de un cambio normativo». En otra clave, más «estructural» y a medio plazo, el CCG propone crear una red pública de servicios de normalización lingüística y una mesa gallega de diálogo con las plataformas digitales globales en entre la Xunta, el Gobierno y empresas «para tratar algoritmos que penalizan» el uso del gallego.