Sin hogar para sus hijos

Ahora, tiene 82 años y comparte su domicilio con su hijo Paco y sus tres nietos; el mayor de 19 años y dos, gemelos, de 14. Sufre un desgaste en la columna que le impide andar y, además, es diabética. Paco se ocupa de su cuidado. Al igual que del de sus tres descendientes, ya que su mujer lo abandonó cuando los gemelos tenían tan sólo 9 meses. «Le agradeceré a mi mujer, toda la vida, que dejara a mis hijos conmigo», confiesa a ABC, libre de rencor. A una situación familiar compleja, ya de por sí, se suma el hecho de que, desde hace tres años, Paco, escayolista de profesión, se encuentra en el paro. Actualmente, cobra la la ayuda de los 420 euros pero dejará de percibir esta prestación, y lo sabe.

Cuando parece que la vida ya te ha castigado lo suficiente, va ésta y te da otra ingrata sorpresa. Era el año 2002 cuando la familia Aguilar recibió un aviso de la Junta de Compensación de Monte Alto de que tenía que abandonar su hogar en el plazo de tres meses. A cambio, 2.400 euros, en concepto de ayuda para la mudanza. Paco acudió a Urbanismo, donde le informaron de que su casa «había sido vendida porque estaba libre de cargas». Los Pose, dueños de la antigua cetárea, permitieron al abuelo de Paco habitar la casa mientras éste trabaja para ellos. Tras su muerte, en 1978, sus herederos continuaron viviendo en el inmueble, en situación, según argumentan las instituciones locales, «precaria». «Con ir al padrón municipal ya se demuestra que aquí vive una familia», exclama Paco, confuso.

Desesperado, el cabeza de los Aguilar remitió varios escritos al Ayuntamiento de María Pita. «Tenía una entrevista con el alcalde, pero no me recibió aún. Sí lo hizo Roberto Mártinez-Anido, cuenta, y al parecer le dijo a Paco que el Ayuntamiento tenía una bolsa de viviendas, pero que «no eran para su familia, que eran para otras». En Urbanismo, recibió otro consejo: «Vete para una pensión». Dicen que no tiene «derecho» a una casa municipal porque los desaloja una empresa privada, pero Paco desconoce el nombre de esta compañía y asevera que todas las comunicaciones que recibe «llevan el sello» del Consistorio herculino.

«Yo no tengo posibilidades de alquilar un piso. Empecé a mirar pero, sin nómina, no tengo aval», asegura. La Junta de Compensación accede a ser su aval durante un año, pero los contratos de alquiler son de cinco. «¿Qué hago yo después?, ¿me quedo con mis tres hijos y con mi madre de 82 años en la calle?», se pregunta angustiado.

«Yo no quiero que nadie me regale nada», exclama. Lo único que desea es «conseguir una casa de renta baja», que pueda pagar con sus mínimos ingresos, «y volver a vivir tranquilo». Este hombre de 47 años asegura que lo pasó realmente mal, pero que ahora camina con la cabeza erguida. «¿Qué voy a hacer?, ¿llorar todos los días?», apostilla. Paco está seguro de que sobre él pesa la amenaza de que tenga que abandonar su hogar en cualquier instante. Y si en el momento en que esto suceda, no tiene a dónde llevar a su familia, se quedará «en la casa verde» hasta que lo eche la Policía, presagia. Mientras dice estas palabras, su madre aparece en su pensamiento.

«Imagínate, que ahora, con 82 años, viene la Policía a sacarla de su casa. Siempre pensó que iba a morir aquí, que nadie la iba a echar y ahora se ve enferma, impotente...». Otra idea alocada cruza su mente, «me hago un chabolo y me pongo a vender droga, a ver si entonces me dan una vivienda como a los del campamento gitano de Penamoa. Es así de triste, claro que no lo voy a hacer», matiza. No está en contra de esta medida, pero simplemente no comprende por qué a su familia no le ofrecen un lugar en el que habitar. «Se basan en que estoy en precario», pero los de Penamoa, afectados por la construcción de la Tercera Ronda, «también lo estarán. No creo que tengan papeles de las chabolas. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros?», interpela.

Paco reitera que tiene «asumido» que se tiene que ir de su vivienda. Ahora solo teme las consecuencias. Si no tiene un domicilio es posible que pierda el subsidio al no estar localizable. Pero, sobre todo, lo que más le acongoja es perder a sus dos hijos menores. «Puede venir Asuntos Sociales y quitármelos», pronostica mientras teoriza sobre la ironía que sería que acabaran por quitárselos «cuando, en la medida de lo posible, nunca les ha faltado de comer, van bien vestidos y tienen sus libros...». Al hilo de este comentario es cuando el orgulloso progenitor cuenta que el mayor, de 19 años, es un «gran estudiante» y goza de una media de notable en el instituto. Pero, ahora se encuentra también «en paro», pues Paco no tiene dinero para pagarle la matrícula de la Universidad.

Durante este año de calvario, Paco solamente ha encontrado apoyo en los miembros del Grupo Municipal del PP. «Ellos sí que han aparecido; del resto todavía no lo hizo nadie, ni el PSOE, ni el BNG, ni ningún otro partido. Pero pueden venir». A día de hoy, Francisco confía en que si el PP, «el que vino», gana las próximas elecciones locales intentarán buscarle un piso de alquiler de renta baja. Por ahora, Carlos Negreira, candidato popular a la alcaldía coruñesa, ha movido pieza. Tras denunciar la situación de «indefensión y desamparo» de los Aguilar, comunicó que solicitará al gobierno gallego un lugar para ellos.

Según explicó el líder popular, la casa que será derribada «forma parte del Polígono Ronda de Monte Alto», por lo que los terrenos «se han cedido al ayuntamiento para equipamientos públicos», apuntó Negreira, a la vez que advertía de que «si no se encuentra una solución inmediata, Francisco y su familia se verán literalmente en la calle». Por su parte, la Xunta ha prometido estudiar el caso a finales de este mes. Mientras tanto, Paco, su madre y sus tres hijos, continúan adelante a la espera de un milagro.

LA CORUÑA