El TSXG anula la rebaja del precio del bus aprobada por la Marea en La Coruña

En primera instancia, la justicia consideró que el cambio tarifario entraba dentro de lo «razonable y proporcionado» porque los precios llevaban años al alza y era desproporcionado el equilibrio entre «el beneficio de la compañía y el interés público de los ciudadanos». Pero el TSXG asevera en el nuevo fallo que la cuestión no es esa sino que hay que analizar si «la Administración actúo conforme a las normas de la concesión» . En el fallo el alto tribunal gallego recrimina que la decisión de la bajada de precios no viene motivada «por el interés social, buscando conseguir un transporte urbano mejor y más eficaz y que sirva a la totalidad de ciudadanos de La Coruña, ni por las circunstancias económicas sociales relevantes en el servicio del transporte; tampoco como la garantía de un servicio público de transporte de viajeros, seguro, eficaz y de calidad».

El fallo deja en una situación delicada al Concello coruñés. El TSXG no aclara cómo debe ejecutarse la sentencia pero es previsible que la empresa Tranvías reclame a a las arcas municipales el dinero que dejó de percibir durante los últimos meses de rebaja de tarifa. La alcaldesa de la ciudad, la socialista Inés Rey explicó ayer que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando las posibilidades y vías de recurso. Según informa Ep, Rey abogó por el «diálogo» entre las concesionarias y los consistorios para evitar «cosas como estas que afectan a las arcas públicas».

Los responsables del cambio tarifario, la Marea Atlántica ya habían pedido el día anterior a la alcaldesa que «agote todas las vías judiciales en defensa de una medida que multiplicó el uso del transporte público en la ciudad». «La Compañía de Tranvías tuvo unos enormes beneficios de 3,3 millones de euros en 2019 , incluso tras aplicar la rebaja de las tarifas», apunta esta formación. La Marea Atlántica explica que estas ganancias fueron «señaladas como excesivas para una concesión pública por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) en un informe de 2018 y por la sentencia inicial del juzgado de lo contencioso», explicó la Marea ante al fallo judicial del TSXG tras el recurso de la compañía concesionaria.

Por su parte, el PP criticó que los coruñeses «tengan que pagar con su dinero las ilegalidades del gobierno». Los populares instan también la alcaldesa, Inés Rey, a «reflexionar sobre el modelo que quiere» para la ciudad «ya que es con Marea con quien está negociando las ordenanzas fiscales, el presupuesto y el futuro de la ciudad». Mientras, el BNG afirmó que el ayuntamiento debe recurrir la sentencia para «proteger los intereses municipales». También argumentó, en base al contenido de la sentencia, que el gobierno local «debe pensar en asumir la gestión directa del transporte público urbano cuando termine la actual concesión, en 2024».