Secuestro y extorsión

Lo ocurrido esta semana con la huelga del transporte en Galicia es simplemente inadmisible. No podemos asumir pasivamente con normalidad que los piquetes se erijan en juez y parte y dicten su propia ley. Si no están de acuerdo con los servicios mínimos establecidos tienen a su alcance mecanismos legales para alegar y recurrir. Lo que no pueden es decidir por su cuenta que son abusivos y que no van a permitir su cumplimiento. El execrable ejercicio de matonismo sindical que hemos padecido estos días violenta en primer lugar los derechos de los empleados a los que dicen representar. Porque tanto derecho tienen los trabajadores que deciden secundar los paros como aquellos otros que libremente optan por no hacerlo. Y ni unos ni otros deberían sufrir ningún tipo de coacción o amenazas por su elección.

Pero, además, al impedir la salida de los autobuses escolares de las terminales, los piquetes violaron los derechos de miles de niños y sus familias. Lo más repugnante es que ni siquiera les confieren a sus víctimas la condición de daño colateral disfrazando de involuntarios los perjuicios provocados. Con una actitud carente de toda moralidad, evidencian sin caretas que han tomado a la sociedad como rehén de sus reivindicaciones.

Comportamientos tan deleznables no deberían quedar impunes. No se puede mirar hacia otro lado. Una cosa es ejercer la legítima actividad sindical y otra poner en práctica estrategias mafiosas de secuestro social y extorsión. El fin no justifica los medios. Tienen todo el derecho a convocar una y mil huelgas, por muy injusta y descabellada que sea esta en concreto, pero no se les puede tolerar que pretendan desarrollarla en base a coacciones. O los sindicatos prescinden de esa perversa figura del mal llamado piquete informativo o quedarán definitivamente retratados y desacreditados.