Proveedores como víctimas

La ciudad de Lugo es demasiado pequeña para ponerle las cosas fáciles a quien pretenda gobernarla en civilizada relación con quienes ejercen su derecho a divergir (y a combatir, si se tercia) con las miras puestas exclusivamente en la rentabilidad inmediata. Porque nunca, ni en un corporación municipal ni en la Asamblea General de la ONU, conviene perder de vista el papel asignado a cada cual. Y en el caso de un Ayuntamiento (el de Lugo, sigamos poniendo por caso) la oposición debe aplicarse al cumplimiento de controlar, criticar, interrogar y someter a permanente escrutinio al grupo gobernante. Pero sin olvidar que el poder está repartido entre ámbitos de distinta competencia (nacional, autonómica, local), de modo que los que gobiernan aquí pueden estar en la oposición allí y, en consecuencia, a un mismo partido le pueden corresponder de modo simultáneo funciones de oposición o de poder, según la escala de qué se trate. Lo que no se puede es predicar en la casa consistorial de Lugo y no dar trigo en el Pazo de Raxoi o en la Moncloa.

Y en todo caso, no es aconsejable bloquear el pago de deudas acreditadas, contraídas por servicios prestados y conformados, solamente para impedir que salga adelante una propuesta de la Alcaldía. Porque el perjuicio no se inflige al grupo gobernante, sino a las empresas acreedoras. Se explica que los concejaliños de las catervas infantiles incurran en tales idioteces, pero el PP, que tiene muchos años de mili y alguna granujería a sus espaldas, debería empezar a sentar la cabeza. De lo contrario, a Ramón Carballo, su próximo candidato a alcalde, le esperan, como al multirrevolcado Castiñeira, otros doce años de oposición.