La Abogacía y los Franco, a juicio por el Pazo de Meirás tras no acercar posturas

Así pues, tras más de tres horas en las que el debate giró sobre pruebas, testigos y alegaciones por ambas partes, el juicio ha quedado fijado para el próximo 6 de julio. De un lado de la sala, los demandantes, esto es, la Abogacía del Estado, junto a la Xunta de Galicia , el Ayuntamiento de Sada y el de La Coruña , personados en la causa. Del otro, los demandados: los abogados que representan a la familia Franco en este largo y muy técnico proceso.

La vista se convirtió en un farragoso debate jurídico en el que se pudieron confirmar varias cuestiones: la primera, que ninguna parte da su brazo a torcer sobre quién debe ostentar esa titularidad, por lo que las posiciones de cada parte no se movieron de sus ápices. Es por ello que el foco sigue puesto en las escrituras que presentan cada parte como válidas para decidir si el Pazo de Meirás es público o es de la familia del dictador, fallecido en 1975.

Dos fechas son clave:una durante la Guerra Civil, en 1938, y otra en la posguerra, en el año 1941. La primera de ellas hace referencia a una primera compra-venta del inmueble , de la que se es consciente desde hace unos meses. En ese año se realizó un aporte monetario por parte de particulares y administraciones públicas para la compra, y la Abogacía sostiene que existió un «proceso coactivo» en esas aportaciones aconómicas. «Fue un proceso coactivo con una involucración muy importante de las admistraciones públicas», explicaba Suárez ante la defensa de los demandados y la jueza. La defensa de los Franco argumentó primeramente que era «difícil» saberlo, además de considerarlo «irrelevante ». Más tarde sería negado por la defensa de los nietos del dictador que hubiese cualquier tipo de coacción.

Por otra parte, existe la discrepancia sobre lo que ocurrido en 1941, año en el que Franco firmaría una segunda compraventa, ficticia según el Estado, para así permitir inscribir Meirás a su nombre . Los demandados defienden la legalidad del documento, que señala un montante de 85.000 pesetas. La escritura es «un instrumento público válido», afirmó la defensa de la familia del dictador, mientras que la Abogacía insistió en que simplemente se limita a un «acto simulado fraudulento, para generar apariencia de que el dueño es Franco y sus herederos».

La Abogacía se reafirmó también en la idea de que la adquisición se produjo para un «fin público», como recordaría el Abogado del Estado, Javier Suárez, a la salida de la sala: es decir, para ser «residencia estival» del jefe del Estado por su condición institucional y no como persona física. Suárez remarcó que esto hace que el pazo sea de dominio público, lo que supondría que ha adquirido por prescripción la propiedad de un inmueble. Esa catalogación pública impediría a su vez que los herederos de Franco se hubieran hecho con la propiedad a través de otro proceso de usucapión tras la muerte del dictador.

En su defensa de que la edificación sea pública, la Abogacía del Estado explicó otros principios que, a su juicio, avalan su tesis:la presencia de un Guardia Civil hasta el año 1990, o el pago a cargo de los fondos públicos de determinadas cuestiones relativas a una explotación agraria existente en la finca. La rehabilitación del Pazo tras sufrir un incendio fue también tema de debate entre las partes , así como los impuestos que provenían del edificio: mientras que desde los demandantes se apoya la idea de que eran instituciones como el Concello de Ferrol con sus aportaciones las que pagaban ese dinero, el abogado de los nietos de Franco señaló que el dictador afrontaba los impuestos correspondientes, así como que se imputaba los gastos, ingresos y rendimientos en su cuota tributaria.

El abogado de los nietos del dictador también insistió en la validez argumentando que «quien vendió en 1941 sí podía hacerlo» mientras que en 1938 todavía no al no haberse tramitado el título sucesorio. Además, hicieron hincapié en su defensa de que lo ocurrido en 1941 no fue una «donación de los gallegos» a Franco, como llegó a afirmar uno de los nietos del dictador, Francisco Franco. En definitiva, que no existía «mala fe» en la posesión del Pazo, como sí sostiene la defensa del inmueble sadense como un bien público.

Por lo demás, la jornada de ayer supuso una retahíla de presentación de alegaciones, pruebas, testigos , con su consiguiente respuesta de la otra parte y la decisión de la magistrada sobre lo expuesto por ambas partes. De esta manera, el juicio quedó estructurado para su celebración en verano:la defensa de los demandados vio rechazadas todas sus alegaciones, mientras que la Administración consiguió que fuesen aceptadas cuatro de cinco. En el apartado de testigos, los cuatro propuestos por los demandantes han salido adelante: entre ellos está el historiador propuesto desde los servicios jurídicos de la Xunta, Emilio Grandío. También el exalcalde de Sada Ramón Rodríguez Ares, por parte de la defensa de los demandados, que han conseguido que se escuche el relato de sus tres testigos en el juicio fijado para el 6 de julio.

A la salida de este primer aperitivo de lo que llegará en cinco meses mediante un juicio que se espera tremendamente arduo, Suárez se mostró «satisfecho, ya que han admitido casi todas nuestras pruebas», aunque recordó que es un juicio «complicado, técnicamente difícil» . De todas maneras, continúa con «esperanza» de que los tribunales respalden la postura de la Administración. El actual alcalde de Sada, Benito Portelo, también utilizó el concepto «satisfecho» para definir la mañana. «La valoración es muy buena , creo que dimos un paso más para la recuperación de la dignidad y que el Pazo pueda ser por fin patrimonio público». Los representantes legales de los nietos del dictador optaron por no hacer declaraciones ante los medios a la salida del edificio judicial.