La Policía no descarta más detenidos por los disturbios okupas en Santiago

Entrando de lleno en la tibieza con la que el Gobierno de Martiño Noriega ha respondido a las reyertas —que el alcalde calificó de «resistencia pasiva» — el delegado del Gobierno destacó que para que estas acciones no se repitan «hay que ser contundentes en contra de la violencia». Y a propósito de las quejas vertidas desde Raxoi porque no habían sido avisados del desalojo, Villanueva recordó al regidor populista que existía un proceso judicial con una resolución que se le comunicó a la Policía y, subrayó, entre los destinatarios de la sentencia «no está el Ayuntamiento de Santiago ni la Xunta».

A las críticas por el respaldo velado de Raxoi a los pro-okupas que tomaron las calles de la capital gallega hasta en tres ocasiones y sin ningún tipo de permiso se sumó ayer también

la Unión Federal de Policía (UFP), que estudia emprender acciones legales contra Noriega. Los argumentos del sindicato policial se basan en las declaraciones del regidor en relación a la actuación policial en el marco de las protestas de Santiago. Los agentes consideran, tal y como se recoge en un comunicado hecho público ayer, que las actitudes y declaraciones del alcalde de la capital gallega «pueden ser motivo de infracción» , y, por ello, exigen «a todas las autoridades competentes que estudien minuciosamente sus declaraciones por si de ellas se pudiera derivar algún tipo de responsabilidad».

En todo caso, inciden en que para la UFP es «profundamente decepcionante» el abierto apoyo del representante municipal «a personas que vulneran la ley», así como «su puesta en duda de los servidores públicos que están para que se cumpla la legalidad». Las polémicas declaraciones del alcalde rupturista son para este colectivo «algo completamente impropio de un regidor municipal» que debería estar «para velar por el bienestar de los ciudadanos y el cumplimiento de la ley en su ciudad», reprocharon.

Sobre la actuación de los antidisturbios que disolvieron el motín de sábado, desde la Delegación del Gobierno confirmaron que de las 700 personas que aproximadamente participaron en la última de las protestas pro-okupas, más de 200 procedían de fuera de Galicia. «Había profesionales de la manifestación», denunció Villanueva para señalar que los materiales de los que se incautó la Policía Nacional «eran de gente profesional» y no de «un joven que acude a una manifestación por empatía».

Según las cincuenta actas de incautación realizadas esa noche, entre los materiales decomisados había material incendiario, falsas pancartas que se convertían en escudos, cadenas, pasamontañas e incluso un palo grande con aristas cortantes. También se localizaron martillos y un taladro con el que, apuntan fuentes policiales, los antisistema podrían haber intentado acceder al interior del antiguo colegio Peleteiro si no se hubiese procedido al desalojo del patio.

A espera de saber si el visionado de las imágenes de las reyertas derivará en nuevas detenciones, la ola de protestas ilegales que sacude la capital gallega desde hace dos semanas suma a estas alturas tres detenidos (una persona el día 30 de mayo y dos el pasado sábado) y cientos de identificados. Además, cuatro agentes de la UIP que actuó en la reyerta del casco antiguo siguen de baja médica por las lesiones derivadas de su intervención. La del sábado se saldó con cuatro policías heridos leves.