Una patronal de cisma en cisma

Constituida en 1981 con el fin de dar servicio a la comunidad empresarial y representar los intereses del colectivo ante las instituciones, organismos públicos y agentes sociales, el papel de la CEG ha quedado en los últimos tiempos diluido ante la constante guerra interna . Una vez designado por aclamación, su último y breve presidente reconocía ante la prensa que la conflictividad interna había ensombrecido cualquier otra actividad de la patronal estos años. «¿Dónde está la tensión en esta casa? Las asociaciones sectoriales reclaman más representación en la CEG», aseguró Díaz Barreiros. Desde hace 40 años, la patronal gallega se rige por los mismos estatutos que otorgan más poder a las cuatro asociaciones provinciales que a las agrupaciones de empresarios del mismo sector económico. En febrero de 2019, la patronal intentó dotarse de unas nuevas reglas de funcionamiento interno. Fracasó por la oposición de las provincias de La Coruña y Lugo. Tras la votación, comparecía Antonio Fontenla en solitario para ofrecer los resultados. A continuación lo hacían los representantes de Pontevedra y Orense acompañados de varios líderes de las organizaciones sectoriales. El líder pontevedrés lamentaba la mala imagen que volvía a ofrecer la patronal, pero no se mordía la lengua. «Unos más que otros. Los hay que estamos trabajando en positivo y los hay que están defendiendo otra cosa», afirmaba Jorge Cebreiros.

El deseo de las sectoriales de estar mejor representadas en los órganos de decisión no ha sido la única causa de tensiones. También subyacen profundas diferencias entre Pontevedra y La Coruña , que siempre han maniobrado para controlar la institución. Tras 12 años en el cargo, el coruñés Antonio Fontenla daba paso al vigués José Manuel Fernández Alvariño en 2013. Dos años después dimitía. Una parte de la patronal lo había acusado de favorecer a sus propias empresas a través de los gastos de la CEG. El siguiente líder, Antonio Dieter Moure, procedía de las sectoriales y fue elegido en enero de 2016 por apenas diez votos de diferencia con su contrincante. A finales de año alegó motivos personales para dejar el cargo, pero se fue concediendo entrevistas en las que aseguraba haberse sentido un «reo» de los presidentes provinciales y asegurando que los intereses provinciales y personales primaban por encima de los de la institución . Su sucesor fue el coruñés Antón Arias, aupado por Fontenla con el apoyo de los empresarios lucenses. Apenas duró otro año en la presidencia , que abandonó «cansado de la constante pelea y la confrontación permanente» en el seno de la organización. Unos meses antes, sus dos predecesores en el cargo habían comparecido públicamente para pedir su dimisión ante unas manifestaciones de Arias a favor de un posible referéndum en Cataluña.

Tras su marcha, la CEG convocó elecciones pero ningún empresario dio el paso hasta que este mes Pedro Rey Vera (desde una sectorial, pero sin el apoyo unánime en este colectivo) y Díaz Barreiros (desde la provincia de Orense pero con Pontevedra en contra) se postularon. Ambos se definían como candidatos de consenso. Pese a que el primero se retiró para despejar el camino al segundo consciente de su falta de apoyos, el consenso era ficticio . La puesta en duda sobre el proceso electoral por parte de tres sectoriales y de Pontevedra provocó la renuncia del presidente. Los críticos acusaron veladamente a Antonio Fontenla de maniobrar para la elección y pidieron el fin de «actitudes dictatoriales en la CEG».