No todo vale

La erosión de la confianza depositada por la ciudadanía en el papel de los jueces se acrecienta de día en día, según puede comprobar cualquiera que se tome la molestia de hacer seguimiento a las prospecciones de los barómetros del CIS. Esta creciente suspicacia acerca de conductas y procedimientos judiciales no es fruto de la casualidad, sino más bien consecuencia de ciertos modos y maneras que parecen haber arraigado entre algunos profesionales desconocedores de sus propios límites competenciales. Porque resulta que, por muy tentador que resulte el protagonismo mediático o la notoriedad política, en un Estado de derecho hay topes que no se pueden saltar por mucho que se invoque el principio de la eficacia en la instrucción, enjuiciamiento y fallo de las causas.

Por muy juez de instrucción que se sea, irrumpir en un bufete de abogados y llevarse «los correos y documentos referentes a numerosos clientes del despacho, los correos con otros abogados y con funcionarios, e incluso los de índole personal, ajenos todos ellos» a los hechos objeto de investigación no parece una práctica que contribuya a reforzar la confianza en el sigilo profesional de los letrados ni a salvaguardar la privacidad de sus clientes.