La ley de salud prosigue su camino parlamentario con el rechazo en bloque de la oposición

Rechazada la retirada, la modificación de la ley de salud propuesta por la Xunta prosigue así su camino en la Cámara con un hemiciclo dividido entre una fuerza mayoritaria, que acusa a la oposición de movilizar a la población con argumentos falaces y recurrentes de privatización y desmantelamiento , y el resto de fuerzas, que atisban en el proyecto una «contrarreforma» que, en palabras de la diputada nacionalista Montse Prado, supone «la continuación de la hoja de ruta del PP de desmantelamiento y concentración de recursos para facilitar el negocio a la empresa privada».

En desmentir los argumentos de la oposición se concentró esta mañana el conselleiro de Sanidade, enmarcando la reforma propuesta como una reorganización territorial del mapa definido en el 84, que no tiene más objetivo, dijo, que «adaptarse a las diferentes realidades que se están produciendo en el campo de la sanidad». El texto, repitió, garantiza con rango de ley la continuidad y permanencia de los hospitales comarcales como referencia de sus respectivos distritos y potencia los órganos de participación ciudadana en la toma de decisiones. Como demarcación mayor, prosiguió, se consolida el modelo de integración promovido desde 2010 con la implantación de las siete gerencias integradas como vía «para facilitar el acercamiento de los profesionales a la ciudadanía que, desde 2o11, permitió evitar más de 260.000 desplazamientos, puesto que los enfermos fueron atendidos en los hospitales más próximos a su domicilio, los hospitales comarcales». Sobre el refuerzo de la participación, Jesús Vázquez Almuíña destacó como el texto propuesto amplia de 12 a 23 el número de entes de representación , incluyendo, «por primera vez», remarcó, participación directa en los hospitales de Verín, Cee y Barbanza.

En el área de personal, Almuíña destacó la tipificación como infracción muy grave de la agresión a cualquier profesional sanitario, la regulación de concursos de traslados permanentes y la posibilidad de definir itinerarios profesionales, entendidos como «el conjunto de puestos de trabajo que conforman un área de competencias, capacidades, conocimientos y formación comunes», que facilitarán la cobertura de ausencias y la movilidad de los trabajadores manteniendo a los profesionales «ligados a su área y conservando su destino original, beneficiándose de la posibilidad de pertenecer a servicios más amplios y mejorando su especialización».

Pero los detalles expuestos por el conselleiro no movieron ni un ápice las posiciones de la oposición, que acusó a la Xunta de impulsar una «reforma cobarde» e incidió en la pérdida de servicios y calidad de atención en las comarcas desde la creación de las gerencias integradas. «Parece que roban con guantes de seda» , dijo la diputada del BNG Montse Prad o a los integrantes del grupo popular y a los miembros del Gobierno, a los que el parlamentario socialista Julio Torrado acusó de impulsar una reforma de la sanidad pública «nunca anunciada, nunca traída al Parlamento, nunca propuesta a debate, iniciada a escondidas como cuando los niños saben que están haciendo algo mal ». «Da la sensación de que están avergonzados de sus propias medidas» , sostuvo el diputado del PSdeG antes de inciar una amplia lista de recortes en servicios de los hospitales comarcales acumulados desde 2011 y de cuestionar el alcance real de los órganos de participación social enunciados por el conselleiro. Si el texto les retira el derecho a recibir información y la capacidad de evaluación, dijo, «pueden crear ustedes 123.000 consejos ciudadanos que así no sirven para nada». «Cuando hablan de posibilidad de pertenecer a servicios más amplios están hablando de precariedad laboral, de movilidad forzosa, y, por lo tanto, de peores servicios; están hablando de recentralizar la sanidad y de un progresivo cambio de modelo. No hay mejoras en esta norma, simplemente recortes de derechos sobre una sanidad que ya está recortada», reprochó a su vez Eva Solla , como portavoz de En Marea, acusando al PPdeG de «gobernar desde la soberbia».

El portavoz del grupo mayoritario, Aurelio Núñez Centeno , acusó a su vez a la oposición de pretender «hurtar el debate parlamentario» con su petición de retirada y de buscar réditos electorales movilizando a la población generando «desprestigio» de la sanidad pública gallega y «desconfianza injustificada» en el sistema. Afirmó el diputado popular que desde 2008, el Sergas ha ganado 1.544 profesionales, un 6% de ellos en medicina de familia, y contrarrestó las críticas a la pretendida desviación de recursos a la privada apuntando que desde ese mismo año el gasto en asistencia con medios ajenos se ha reducido un 5% , equivalente a unos 11 millones de euros. «No hay argumentos que confirmen los prejuicios de la oposición» , señaló, incidiendo en que la reforma no supondrá ningún cambio de médico o hospital para ningún paciente, mejorará la coordinación entre Atención Primaria y Especializada, potenciará los servicios comarcales e impulsa órganos de participación «más operativos».