Un juzgado ordena seguir diligencias de presunta prevaricación con Áurea Soto

Según el escrito al que ha tenido acceso Efe, con fecha de 6 de marzo, el juez da de plazo a las acusaciones, tanto Ministerio Público como acusación particular diez días para que «soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias».

La empresa Casas Orense S.A. había recurrido el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones por supuesta prevaricación urbanística y prevaricación, al ver «elementos que al menos indiciariamente ponen de manifiesto la existencia de las citadas infracciones».

A la querellada se le imputaba, en su condición de concejal de Urbanismo, la concesión de licencia de ocupación inicial a la residencia universitaria ya edificada «y que ilegalmente venía funcionando desde el año 2001 , pese a no contar con las necesarias obras de urbanización a la que la concesión venía condicionada», según recoge el fallo.

En su escrito, el juez sostiene que Soto dio luz verde a la licencia concedida a la empresa Siresa Noroeste «a sabiendas» a pesar de que no procedió a ejecutar todas las obras de urbanización de la parcela establecidas en el proyecto relativas, entre otros, a accesos en general, accesos para extinción y evacuación de incendios, plazas de estacionamiento con carácter simultáneo a la ejecución de la Residencia Universitaria.

Considera que existen «indicios suficientes» para imputar a Áurea Soto y Bienvenido F. la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa "a la hora de promover, e informar, respectivamente, la concesión de la licencia de apertura a sabiendas de su ilegalidad , consistente en el conocimiento de que no se habían ejecutado obras de urbanización proyectadas".

Los querellados tendrán un plazo de tres días para presentar un recurso de reforma o cinco días para apelar el fallo.

Precisamente, la propia Soto fue absuelta el año pasado de un posible delito de prevaricación urbanística durante su etapa como concejala de urbanismo de Ourense, por la concesión de licencia a los edificios de la Plaza de San Antonio y el aparcamiento. Entonces, la edila negó la comisión de un delito y atribuyó la apertura de juicio a un interés «político» para forzar su salida de la política local.