Los jueces cuestionan el informe filtrado con las críticas a De Lara

Fuentes judiciales consultadas por ABC se preguntan si el controvertido informe «no estará hecho para ser publicado», ya que en su contenido « no informa de los hechos que se investigan , tampoco se vierten amenazas hacia nadie, ni hay nada de lo que se deduzca un hecho delictuoso». Las supuestas amenazas a De Lara son esgrimidas por Aduanas para la elaboración de este informe, del que se desconoce su soporte procesal.

Las conversaciones se enmarcan dentro de una investigación de la Audiencia Nacional por un presunto fraude fiscal en carburantes. Dentro de la nómina de teléfonos intervenidos se encontraba el de un empresario, con el que contactan los jueces gallegos Juan Carlos Carballal —titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Lugo— y Fidel del Río —juez de Vigilancia Penitenciaria en Pontevedra—. Durante el transcurso de los diálogos, deslizan calificativos hacia de Lara como «loca», «torpe» «incompetente», que «destila maldad por todos los poros», o que «a todo cerdo le llega su San Martín».

En declaraciones a este periódico, diversos jueces descartaron que exista en las declaraciones aparecidas en prensa amenaza alguna a Pilar de Lara o al propio servicio de Aduanas, «porque para que eso se produzca, tiene que interpelarse al amenazado». Esto desmonta la justificación para elaborar el propio informe de Vigilancia Aduanera, cuya «extensión e hiperactividad en determinados juzgados debería ser objeto de análisis».

La judicatura no oculta que «llama mucho la atención la relación entre Aduanas y el juzgado» de De Lara, quien ha adoptado este cuerpo dependiente de la Agencia Tributaria para que ejerza como policía judicial en las causas que ella instruye. «Una cosa es que cumpla funciones de policía judicial, y otra es que tenga una actividad investigadora propia», puntualizan.

La posición de los jueces preguntados por ABC coincide con la de catedráticos de Derecho Constitucional como Víctor Ferreres —profesor de la Universidad Pompeu Fabra—, que en un artículo de diciembre de 2015 en la revista «La Ley» consideraba que Vigilancia Aduanera, al no formar parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, carece de «atribuciones legales» para la interceptación de comunicaciones. El grueso de las instrucciones de De Lara se basan en pinchazos dirigidos por Aduanas. «En Galicia hay mucha gente con cautela al teléfono» , insisten los jueces contactados.

Todas las voces preguntadas coinciden en circunscribir las críticas de los dos jueces filtradas como «conversaciones privadas» que «en ningún caso» deberían haber visto la luz. «Esto ya no es una instrucción paralela», lamentan, «sino una instrucción mediática sin juicio, donde los señalados no se pueden defender». Ni siquiera ven asidero legal en el Código Penal para que estos dos jueces puedan ejercitar derecho alguno.

En consecuencia, se preguntan «dónde está la Fiscalía» para poner límite a los excesos en las instrucciones de la juez de Lugo, si bien reconocen que «durante mucho tiempo hubo miedo» a llevar la contraria a la controvertida juez. ¿Miedo a qué? A quedar ante de la opinión pública como una barrera «frente a la persona que se había vendido a sí misma» como azote de la corrupción.

Desde el Ministerio Público, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, reconoce que existen mecanismos en las normas procesales para reconducir hipotéticos excesos en las instrucciones judiciales, muchos de los cuales achaca a una legislación inadecuada, que no facilita la agilidad de las investigaciones. «Hay que blindar la independencia de los jueces» , sostiene en conversación con este periódico, «y las quejas que se tengan sobre ellos deben dirigirse al TSXG, porque todo está tasado».

Igualmente, ante las filtraciones que repetidamente salen del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, García Ortiz admite que se trata de una circunstancia «que padecemos todos los días» y que, aunque podrían investigarse de oficio por la propia Fiscalía, «casi todas acaban en nada porque no hay medios para saber de qué fuente proceden».

Jueces y fiscales coinciden en denunciar que filtraciones como las que han señalado a los jueces Juan Carlos Carballal y Fidel del Río «hacen daño a la justicia». «La justicia vive en gran parte de su imagen, de ser respetada», una situación que se deteriora «si la convertimos en un espectáculo».

Eso sí, los compañeros de carrera de De Lara creen que «algunas cosas están cambiando» en Galicia, especialmente en el terreno político y mediático, con las noticias que rodean a las instrucciones de la juez de Lugo. «Hace cinco años, las reacciones eran unas, y ahora hay otras fruto de la desconfianza» que provocan las acciones de la polémica instructora.