Galicia plantea adaptar para Reino Unido el acuerdo de la UE y Noruega

La UE ya mantiene acuerdos para pescar en caladeros que no son de países miembros , como Noruega o las Islas Feroe. Son los llamados «septentrionales de pesca» o «de reciprocidad». Esto permitiría «acceder a los caladeros británicos a buques con pabellón de Estados miembros» a cambio de permitir el acceso a la UE de los productos pesqueros británicos al mercado europeo. Este segundo aspecto es «una de las escasas armas negociadoras» con las que cuenta la Unión, pero que es crucial para Londres, ya que el 80% de sus capturas son exportadas al continente. El informe plantea que RU pueda mantener «derechos nacionales exclusivos hasta un máximo de 200 millas contadas a partir de su costa» , distancia sobre la que podría negociar con la UE cuotas anuales para barcos comunitarios.

En el caso de «stocks» pesqueros compartidos, la negociación pasa a ser multilateral, como la que la UE mantiene en la actualidad con Noruega, Islandia y las Feroe en la Comisión de Pesca en el Atlántico Nord-Este. Aquí, Reino Unido pasaría a ser un agente más. El catedrático exhorta a que la UE no titubee a la hora de «utilizar la prohibición de entrada de productos pesqueros del Reino Unido en el mercado de la UE» como elemento de presión en las negociaciones. Mientras se negocia o no el nuevo tratado internacional, Sobrino entiende que deberán establecerse periodos transitorios.

La UE mantiene dos modelos en la actualidad de relaciones con países no miembros: el Espacio Económico Europeo (UE + Noruega, Islandia y Liechtenstein) y el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) con Canadá. En el informe de la UDC, se insiste en que el modelo óptimo sería el primero, que aunque no afectaría a la Política Pesquera Común , sí lo haría a la libre circulación de mercancías, personas, capitales y servicios y la libertad de establecimiento. Este sería el escenario que «daría un marco de estabilidad jurídica a los empresarios gallegos afincados en el RU, a los trabajadores del mar gallegos que desarrollan su actividad en buques con pabellón británico y a las exportaciones de productos pesqueros británicos con destino a los puertos gallegos».

La casuística es variada, porque en función del acuerdo que se alcance, los barcos británicos de capital gallego se podrían ver excluidos de las aguas comunitarias — está por ver si RU no endurece las condiciones para reforzar la nacionalidad de estos buques —, y un caladero como Malvinas se convertiría en un foco de previsibles conflictos, con la entrada de variables geopolíticas como la reclamación argentina de soberanía, vaticina este catedrático de Derecho Internacional Público de la UDC.En Malvinas operan anualmente unas 20 embarcaciones gallegas al año, principalmente de capital vigués, en las que trabajarían entre 500 y 600 marineros españoles. «Están en juego unas ganancias anuales obtenidas por los armadores españoles que se estiman en 200 millones de euros» , indica.

La salida de la UE dibuja una realidad irrefutable: la flota británica ya no entraría en el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias, y «pudiera ocurrir» que, en una nueva distribución, a los barcos gallegos les tocara más . Históricamente, el RU era uno de los grandes beneficiados del reparto. El nuevo escenario podría ser beneficioso para los intereses gallegos.

El detallado estudio de la UDC concluye también que «habrá una disminución de los recursos» económicos que se destinan a políticas pesqueras , aunque «no será especialmente relevante para el sector pesquero gallego». No obstante, el autor del texto admite que la pesca «tendrá un papel secundario» en la negociación del «Brexit», ya que las cuestiones capitales que Londres y Bruselas deberán dirimir son la libre circulación de personas, mercancías, capitales y la libertad de establecimiento y prestación de servicios. De cómo se resuelva esta incógnita saldrán las consecuencias para el sector pesquero.

«Todas las posibilidades están abiertas», estima José Manuel Sobrino, «jurídicamente todo es posible ya que no hay ningún precedente» que encaje en las particularidades del modelo británico. De ahí la recomendación de que Galicia permanezca vigilante al desarrollo de las negociaciones entre la UE y el Reino Unido.