Feijóo acusa al Gobierno de discriminar a Galicia por privarle de 200 millones

El dato cayó como un jarro de agua fría sobre las previsiones financieras de la Xunta, que se mueve estos días entre la indignación y la incredulidad. Tras la última reunión del Consello anterior a las vacaciones, Feijóo acusó al Gobierno de Sánchez de dispensar un «trato injusto y discriminatorio» a Galicia, e incluso amagó con recurrir a los tribunales si Hacienda no da pasos hacia atrás.La próxima semana, el mandatario autonómico se verá con la ministra María Jesús Montero en un encuentro del que espera salir con una aclaración, o al menos con la certeza de que el desajuste se debióa «un malentendido».

En concreto, el recorte a Galicia tiene su origen en las denominadas entregas a cuenta. O lo que es lo mismo: en el dinero que el Estado cede a las comunidades autónomas para contribuir a su financiación y que a la postre puede llegar a suponer un 80% de sus recursos. Sin ir más lejos, de los 9.487 contemplados en los Orzamentos de 2018, un total 7.412 proceden de esa vía, nutrida en parte por la recaudación anual del IVA, la mitad de la del IRPF y los impuestos especiales. ¿Y cuál es la novedad en este ejercicio? Según denunció el presidente, la decisión de Hacienda de quedarse con una mensualidad del IVA. «Son 200 millones nuestros», clamó : «Galicia no va a prestar sanidad y educación once meses».

La Xunta pivota su queja sobre tres principales argumentos. Uno:se trata de una decisión «inadmisible» a la luz de un horizonte macroeconómico en el que España medraría al 4,2 por ciento. «No es que no haya dinero, es que simplemente una parte lo quiere mantener el Gobierno central para sus políticas de gasto», cargó Feijóo. Dos: se está provocando una «situación inédita». Desde el 2013 nunca se recortó la aportación estatal, a lo que habría que agregar un aumento generalizado de la recaudación. Y tres: Galicia siempre fue solidaria cuando los nubarrones de la crisis económica obligaron a no expandir el gasto.

El escenario, ya de por sí complejo para las relaciones entre la Xunta y Madrid, se enreda aún más si se tiene en cuenta que Galicia no podrá aprobar este verano su techo de gasto, como viene siendo habitual en los últimos tiempos. La incapacidad del Gobierno de Sánchez de aprobar en el Congreso la senda del déficit impide —por ley— a la Comunidad a hacer lo propio. «Estamos en una situación política de bloqueo», agregó el presidente gallego sobre la dificultad del PSOE, con sus 84 escaños, de gobernar solo contando con la muleta de los nacionalistas vascos.

Además, la Xunta se queja de que la «incertidumbre» generada por la ministra hace tambalear algunos de los compromisos de subida salarial firmados con funcionarios de la justicia, con los profesionales sanitarios o con la educación. «El presupuesto no encaja, no cuadra», sentenció Feijóo , que también descartó acudir al endeudamiento propuesto por el Gobierno para «pagar unos ingresos que no son nuestros».

Desde el departamento de María Jesús Montero desbotan todas las críticas del dirigente popular, y desvían la responsabilidad de los cambios en el anterior gabinete de Cristóbal Montoro. «Este gobierno no le ha robado un mes a nadie», despejan fuentes del Hacienda contactadas por Efe. Al contrario, señalan que la única hoja de ruta seguida por el Estado es la que «establece la legislación», sin ir más allá.

Por otro lado, Hacienda apostilla que Galicia recibirá «el mismo tratamiento que el resto de comunidades», o incluso uno mejor: destacan que el reparto por habitante suele situar a los gallegos por encima de la media y que, en global, la inyección en el sistema subirá un 2,4 por ciento, dato al que la Xunta le resta la parte vinculada al céntimo sanitario. Al final, estiman, el incremento de la aportación quedaría en el 1,4%. En cambio, la media del resto de comunidades se situaría en el 4,4%.

No obstante, Feijóo deslizó que no solo Galicia se había molestado por los cambios de rumbo de Montero. Otras autonomías, confesó, sí «levantaron la mano» durante la cumbre del CPFF para expresar su disconformidad, aunque de momento no está encima de la mesa la creación de un «frente común», como sí se visibilizó meses atrás, cuando la reforma de la financiación autonómica era un asunto que, Cataluña al margen, podía destaparse de un momento a otro.