Las diferencias entre Galicia y Cataluña al recurrir a los tribunales por la deuda del Gobierno

Cataluña abrió la veda y lo hizo ya en el mes de agosto. Por aquel entonces, como durante los meses siguientes, desde la Xunta se insistía en que la judicial era una vía más ; otra opción en el abanico de posibilidades, siempre bajo el mismo fin: no cejar en el empeño de obtener un dinero que le pertenece a Galicia y, que vía Presupuestos, se destina a cubrir servicios esenciales.

Cataluña ni siquiera esperó a que hubiera un Gobierno constituido . Cuando estaba en funciones ya anunció que acudía a la Justicia para cobrar, en su caso, 874 millones de euros. «Llevaremos al Gobierno a los tribunales para que se paguen los recursos de los adelantos de financiación del año 2019 que son nuestros, de los ciudadanos de Cataluña, que nos corresponden por ley y que están reteniendo de forma irregular desde nuestro punto de vista», anunciaba el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, en el Parlamento catalán.

Galicia siempre defendió que el hecho de esta en funciones no eximía al Gobierno de pagar sus deudas. Los letrados de San Caetano así lo refrendaron. El tiempo le dio la razón a la Xunta, que en todo este tiempo ha mantenido un talante dialogante, leal y, además, proactivo . Feijóo consiguió que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le dedicara unos minutos el pasado verano en La Coruña, donde habían coincidido en un acto. Un encuentro informal en el que Montero volvió a dar la espalda a solucionar el problema, por más que Feijóo, tanto en público como en privado, le emplazó a habilitar legalmente el pago de la deuda.

En esa misma línea, han sido reiteradas las cartas que ha remitido la Xunta a La Moncloa . Las últimas, este mismo mes de enero, con todas las demandas de Galicia, separadas por áreas y remitidas a todos los ministros. Montero recibió la suya. En septiembre Feijóo ya había trasladado a Pedro Sánchez otra misiva con un borrador de Real decreto ley que, en su momento, fue ignorado.

Cada Consejo de Ministros desde que el actual Gobierno quedó constituido ha sido una bofetada a las aspiraciones de cobrar la deuda de Galicia , que esperó durante meses a que el Ejecutivo central obrara con la misma fe, recapacitara y finalmente diera su brazo a torcer; a pesar de que, del otro lado, todo lo que llegaban eran dilaciones, excusas y promesas, como las que escuchó Feijóo de boca de la ministra, en el despacho de esta, en 2018. De ahí que se aproabaran los Presupuestos autonómicos con una dotación en la que se contemplaba disponer de un dinero que es de los gallegos, pero que sigue retenido en Madrid. Al no transferirse los 370 millones de euros que aún se adeudan, Galicia se topa con un agujero de dichas dimensiones en sus cuentas y la aboca a una situación de déficit.

«Una vez agotadas todas las posibilidades de un entendimiento institucional, por supuesto que la Xunta seguirá agotando todas las posibilidades en el ámbito judicial», ha proclamado el presidente gallego este jueves en el Parlamento, remarcando en todo momento que «hizo todo lo posible» para alcanzar una resolución por la vía del diálogo . Esa vía está taponada desde Madrid y aboca a Galicia a recurrir a una fórmula que ha mantenido en barbecho durante meses.

Lo plasmó el vicepresidente Alfonso Rueda en una entrevista reciente con ABC : «Estoy seguro de que nos acabarán dando la razón, pero con los tiempos que tienen los tribunales, que son mucho más largos que los que Galicia necesita. Ese dinero lo necesitamos el año pasado, está en el presupuesto del año pasado y está para afrontar gastos sociales en el año pasado. Estoy seguro de que tendremos razón, pero no tiene ningún sentido tener que ir a un tribunal para que te la den y tardar tanto en tenerla».

Finalmente no ha quedado más remedio, pero a diferencia de Cataluña, se activa el cauce judicial una vez que, agotada la paciencia de la Xunta, con el golpe definitivo del anuncio del Gobierno de que no transfiere el IVA (200 millones), se constata por parte de Feijóo y su gabinete que el cauce político no da más de sí, es un callejón sin salida , porque así se quiere desde La Moncloa.