El comprador de las antiguas fábricas de Alcoa promete invertir 20 millones entre críticas de los trabajadores

El comunicado emitido por el citado grupo, que adquirió este miércoles la mayor parte del paquete accionarial de Alu Ibérica, menos de un año después de la fumata blanca de Alcoa y Parter (julio de 2019), recoge una frase contundente: « Venimos para quedarnos, mantendremos los puestos de trabajo y vamos a impulsar el negocio para convertirlo en la referencia industrial del aluminio en el sur de Europa. Es lo que siempre quisimos hacer y por fin vamos a hacerlo».

El Grupo Industrial Riesgo asegura que siempre estuvo «convencido de que su proyecto era la solución adecuada», a pesar de que en el verano del año pasado el fondo suizo se llevara el gato al agua y ellos se vieran, según sus palabras, «alejados de la elección final». Sin embargo, dan a entender que en ningún momento perdieron de vista el negocio: «En septiembre pasado entablaron negociaciones con Parter que ahora culminan y suponen su integración como socio mayoritario y operativo, asegurándose así una gestión industrial profesional y experimentada», añade el comunicado.

El nuevo gestor asegura estar «convencido de la plena viabilidad» del proyecto y como gesto de buena voluntad apunta al bolsillo, a las inversiones. Asegura que una primera inyección «de 20 millones de euros» se pondrá «en marcha inmediatamente» y que «vendrá seguido de un plan a cinco años por un importe global previsto de unos 250 millones, que tiene por objetivo colocar a Alu Ibérica como el polo industrial líder del aluminio verde en el sur de Europa».

A los trabajadores, sin embargo, el movimiento les ha cogido por sorpresa y no ocultan su desagrado. El presidente del comité de empresa en la planta coruñesa, Juan Carlos López Corbacho, no solo critica «las formas y los tiempos», sino que denuncia falta de «transparencia» y apunta a que el Gobierno ha admitido que desconocía esta compraventa .

López Corbacho ha desvelado que el propio miércoles les informaron de que, de facto, el grupo inversor ya «tutelaba» las plantas, con casi el 75% de la propiedad , pero sin aportar documentación. Es lo que ha asegurado a Ep, donde arroja cierta sombra sobre este movimiento inesperado: «No sabemos si es lícito o no es lícito, lo que sabemos es que, desde luego, no es apropiado».

En una línea similar, UGT ha emitido un comunicado donde critica el «total oscurantismo» y la «más absoluta falta de respeto a la plantilla. Considera el sindicato que la actitud de Parter «puede poner en peligro la continuidad» de las dos plantas. Y coloca la pelota en el tejado del Gobierno: demanda al Ministerio de Industria que convoque a las partes para garantizar que se cumple lo pactado en julio de 2019; principalmente, que se mantienen la actividad y el empleo durante dos años.

Desde el BNG han aprovechado la coyuntura para cargar contra la Xunta. El partido nacionalista ha demandado al Gobierno gallego que supervise esta operación y le reclama «responsabilidad», porque consideran que el movimiento de compraventa debe activar «todas las alertas» . El partido frentista incide en que los trabajadores desconocen el trasfondo de la operación y se apuntan a la idea de que se ha «fraguado desde hace meses» y «ahora se materializa aprovechando la crisis del coronavirus ».

El Grupo Industrial Riesgo completa su comunicado asegurando que «un equipo profesional de larga y probada experiencia industrial y profundo conocimiento de la actividad y sus mercados, liderará las plantas. Se trata de reconocidos profesionales del sector, localmente presentes, que conocen ya a fondo sus funciones y las necesidades de las plantas, son sabedores del proyecto y capaces de llevarlo a cabo con éxito», añade el texto. Añaden que pretenden « garantizar las mejoras laborales en la confianza de contar con el apoyo de los sindicatos para trabajar conjuntamente y poder cumplir el proyecto como se contempla, apoyando así a las zonas de implantación y logrando el mejor futuro para las plantas».

De mayor calado es la advertencia que deja el grupo inversor en la recta final del documento, cuando señalan que « Alu Ibérica sigue teniendo un problema con el alto coste eléctrico . El proyecto incluye el compromiso de mantener las líneas de fabricación en la confianza de que se cumplan los compromisos gubernamentales de contar con costes eléctricos estables, competitivos y predecibles». Esto es: demandan al Gobierno que «el estatuto de los electrointesivos salga adelante y solucionando esta desventaja competitiva de nuestra industria».