El «caso cuñada» llega a juicio sin políticos sentados en el banquillo

El «caso cuñada» sienta en el banquillo a los dos únicos acusados, el administrador de la empresa Imesapi, Ramón Comesaña, y el jefe del servicio de Participación del Concello, Francisco Javier Gutiérrez Orúe. Según el escrito del fiscal, el funcionario solicitó al empresario en el año 2008 la colocación de Vanesa Falque —«mujer muy afín a un miembro del gobierno local», en referencia a la actual presidenta de la Diputación de Pontevedra y mano derecha del alcalde— mediante procedimientos «que vulneraban los procesos legales de oferta pública de empleo, así como los principios de libre concurrencia, transparencia y publicidad».

Todo lo que rodeó esta contratación estaba rodeado de presuntas irregularidades. El fiscal afirma que fue contratada sin necesitarse más personal en esta concesionaria, que Falque no recibía órdenes de la empresa sino directamente del ayuntamiento, y que sus nóminas «mendaces en cuanto a cantidades y conceptos» se abonaban mediante un «procedimiento fraudulento» de contratos menores. En total, percibió algo más de 108.000€ netos durante los cinco años que Falque estuvo bajo las órdenes de Imesapi.

La Fiscalía acusa de prevaricación, malversación y falsedad continuada en documento mercantil, y pide para los acusados penas que llegan a los ocho años de prisión y los diez de inhabilitación . Falque acudirá al juicio aunque en calidad de testigo, ya que durante la instrucción se consideró que el delito de tráfico de influencias a ella atribuido estaría prescrito. La Audiencia ha desestimado el recurso de la testigo para no acudir alegando cuestiones de salud. Tampoco se sentará en el banquillo de los acusados ningún concejal del gobierno de Caballero, a pesar de que el edil de Participación Santos Héctor declaró durante la investigación de la causa.

La ausencia de políticos en el juicio da a entender que la colocación supuestamente fraudulenta de una familiar de Carmela Silva en una concesionaria municipal fue una idea concebida por un jefe de servicio sin que mediara previamente una orden de un superior jerárquico. El PP rechazó ayer este escenario, y consideró que el juicio del «caso cuñada» es «la punta del iceberg» de una «trama organizada» para colocar a familiares del gobierno socialista vigués. El diputado popular Michel Fidalgo extendió ayer las críticas a otras prácticas del consistorio olívico como «contratos a dedo, fraccionamiento de contratos o sombras de duda sobre las oposiciones a bombero».

El comienzo del juicio no ha torcido el gesto del alcalde. Abel Caballero, arrogándose la representación de todo Vigo, replicó que «a esta ciudad, lo que diga el señor Fidalgo le da exactamente igual», y añadió que «el deterioro político» de este edil del PP es «visible». Del caso en cuestión, ni media palabra.