Avalancha de críticas por el ‘no’ de Vigo a colaborar con la comisión que investiga el Marisquiño

La contestación del Ayuntamiento se produjo a través de un informe jurídico al que ha tenido acceso ABC. En él se concluye que el Parlamento «carece de potestad para fiscalizar la actuación» de órganos ajenos a la Comunidad Autónoma y se exponen tres argumentos principales. El primero incide en que, pese a que el Reglamento de la Cámara (art. 44) da derecho a las comisiones a pedir documentación «que necesiten» a todos los «entes públicos de Galicia», estos no son en ningún caso administraciones locales. En segundo lugar, se afirma que el Parlamento pretende conculcar la «autonomía local» y su «garantía institucional» al ejercer un control no recogido en la legislación. Por último, el informe —elaborado por el secretario xeral del Concello— hace acopio de la doctrina del Consejo de Estado y equipara la situación de Vigo con otros casos en los que el Estado rechazó entregar documentación a las comisiones autonómicas. Fuentes parlamentarias detallan que la argumentación del Concello será analizada a partir de ahora por la Mesa de la comisión de investigación (con mayoría del PP), que podrá estudiar la adopción de medidas.

Entre el papeleo solicitado por los diputados gallegos, constaba el expediente municipal que autorizó la licencia del festival, el Plan de Emergencias municipal del Ayuntamiento de Vigo, además de expedientes vinculados con otras celebraciones, como el festival Vigo SeaFest, las Fiestas de San Roque o las del barrio de Coia. Desde poco después de que se produjera el accidente — con un balance de 460 contusionados —, la oposición intentó abrir una comisión de investigación en el consistorio. No obstante, los intentos fueron en vano: el PSOE rechazó la iniciativa en pleno y el alcalde justificó la decisión por tratarse de un asunto que se encuentra bajo instrucción judicial.

Por el contrario, para el Gobierno gallego el informe del Ayuntamiento «está en la línea del alcalde vigués, de no querer dar ninguna explicación ni en Vigo ni en sede parlamentaria », denunció ayer Alfonso Rueda. El vicepresidente autonómico lamentó el «afán de ocultación» del ejecutivo local y aclaró que su postura «no es adecuada» desde «el punto de vista político».

En las filas populares, el portavoz del partido en la comisión de investigación, Alberto Pazos, advirtió de que el Concello eligió un «cauce no institucional» para comunicar su negativa al Parlamento y avanzó que la formación estudia toda la panoplia de «medidas legales» a su disposición para conseguir la documentación, « incluidas aquellas de carácter penitenciario previstas ». Según el parlamentario del PPdeG, a Caballero «parece que no le interesa que los vigueses conozcan toda verdad». «Es una actitud que no se entiende en alguien que manifiesta que no tiene nada que ocultar».

De igual modo, en el BNG, su candidato en las elecciones de mayo, Xabier Igrexas, calificó de «intolerable» la posición del Ayuntamiento y alertó de que el objetivo del PSOE es «paralizar la comisión y bloquearla» para que no se conozca la verdad del siniestro.

En defensa del gobierno, el segundo teniente alcalde y concejal de Gestión Municipal, Javier Pardo, se remitió a los argumentos del informe jurídico y rechazó la «injerencia» del Parlamento en la autonomía municipal. «No entendemos que BNG y En Marea puedan estar de acuerdo con el PP para hacer un ataque político al alcalde de Vigo y al Ayuntamiento», zanjó.