Fiscales del Supremo: «Es inasumible que el Poder Judicial acabe subordinado a los otros dos poderes del Estado»

Durante su intervención en unas jornadas sobre el Estado de derecho organizadas por Foro Judicial Independiente sobre el Ministerio Fiscal, los tres primeros espada del Supremo han defendido (con mayor o menor determinación) que García Ortiz debería dejar el cargo si en los próximos días es imputado por revelación de secretos (Viada y Zaragoza creen que ya lo debería haber hecho) y todos han apelado al respeto y «dignidad» de la institución.

«No hay mejor manera de fortalecer la democracia que preservando la independencia del Poder Judicial; es inasumible que el Poder Judicial, que debe controlar a los otros dos poderes, acabe dependiendo de ellos», ha señalado Zaragoza.

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A su juicio, es «básico que el Ministerio Fiscal no tenga interferencias ni intromisiones de ningún tipo». El Gobierno no puede dar instrucciones «ni generales ni particulares», ha dicho. Y a pesar de que el estatuto orgánico deja claro que el fiscal actuará con imparcialidad, todos los gobiernos han hablado del fiscal general como una especie de «brazo armado», lo que ha acabado calando en la sociedad, que acaba viendo al fiscal como dependiente del Gobierno.

Sin embargo, la situación es «más preocupante» ahora, ha apuntado, por las polémicas en las que García Ortiz está envuelto en cuestiones como los nombramientos, las recusaciones a magistrados del Supremo o su posible imputación por parte de la Sala Segunda.

Ha compartido esta opinión Salvador Viada, vocal además en el Consejo Fiscal, que ha denunciado cómo el Gobierno ha ido penetrando en la estructura del Ministerio Público con efectos absolutamente perniciosos. «Toda la institución está en riesgo», ha alertado.

Madrigal ha apuntalado esta opinión, advirtiendo además de la urgencia de una reforma para que Ministerio Fiscal pueda actuar directamente contra el poder político o al margen de él. «En estos momentos es absolutamente imposible», ha dicho.

Los tres fiscales han coincidido en que hay que desvincular el nombramiento del fiscal general del Gobierno, no hacerlo coincidir con el mandato del Ejecutivo y «por supuesto» ofrecer «garantías absolutas de imparcialidad», algo que no existe «cuando se pasa de ser ministro a ser fiscal general», ha señalado Zaragoza.

Viada ha sido muy crítico con la gestión de García Ortiz y con decisiones como la de «quitar de las manos un asunto a un fiscal» cuando no está de acuerdo con su criterio o con su política de nombramientos (no en vano su asociación, APIF, llevó su «desviación de poder» al Supremo).