Feijóo y Canarias sellan su unidad con un decálogo de medidas para frenar el colapso migratorio

Un anhelo que no tardó en tumbar ayer mismo el Ejecutivo, cuando el ministro Ángel Víctor Torres desdeñó el documento, sin haberlo leído aún con detenimiento, calificándolo de «acuerdo partidista» y acusando al PP «de querer hacer un uso político» de esta crisis migratoria. La también socialista Elma Saiz, titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pidió a Feijóo que se deje «de mensajes, acuerdos 'fake' y performance y que se ponga a trabajar con rigor para estar al lado de Canarias de verdad».

Un mes y medio después de que el Congreso tumbara la reforma de la ley de extranjería propuesta por el Gobierno, poco o nada se ha avanzado para solucionar el problema. Los esfuerzos del Ejecutivo canario han caído hasta ahora en saco roto. Como muestra, la reunión de Pedro Sánchez con el presidente de esa comunidad, Fernando Clavijo, que apenas duró unos minutos y de la que no salió ningún compromiso firme más allá de una partida económica de 50 millones para mitigar la situación que atraviesa el archipiélago.

Cansado de ver cómo sus esfuerzos chocaban con la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, Clavijo se alineó este martes con el PP y su fortaleza autonómica, sellando un acuerdo que vincula a doce comunidades y las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) en torno a un documento en el que no solo se aborda el reparto de menores no acompañados, sino toda una serie de medidas referentes a la política migratoria.

Un escrito en el que Clavijo ve un punto de partida para desatascar el problema y que el Gobierno considera un acuerdo «partidista». «Coalición Canaria se ha sumado hoy a las tesis del PP y de la ultraderecha. Lamentablemente, el 23 de julio no quisieron votar que sí a un acuerdo de nueve grupos políticos y ahora dicen que sí a un escrito que apoyan solo dos», apuntó Torres.

El titular de Política Territorial y Memoria Democrática, encargado del Gobierno para solucionar la crisis migratoria, desdeñó el pacto entre PP y CC sin haberlo leído en detalle, como él mismo reconocía. «Copia párrafos completos de la proposición no de ley presentada por el PP en el Congreso», apuntó para tratar de descalificar el documento, que nacía con la pretensión de contribuir al consenso y que se encontró con la oposición del Gobierno a las primeras de cambio.

En ese «acuerdo para afrontar la crisis migratoria», PP y CC desgranan una serie de medidas que buscan «dotar a las comunidades y al Gobierno de una hoja de ruta de cooperación rápida que permita a ambos cumplir con sus obligaciones en caso de crisis. Una política migratoria firme, solidaria y rigurosa, con una visión de Estado a la que nos gustaría que se uniera el Gobierno», señalaba Feijóo antes de esbozar las líneas maestras del documento, con las que el gallego busca de nuevo, sin éxito, el entendimiento con Sánchez.

En el mismo, se recogen medidas para aliviar la actual situación de bloqueo en Canarias, pero también otras que ponen el foco en el origen del flujo migratorio. Se habla de la necesidad de declarar la emergencia en todo el territorio, para que las comunidades puedan activar sus expedientes con mayor celeridad, y también de mejorar el control de las fronteras con más medios técnicos y humanos, además de solicitar a la UE la participación de Frontex, la agencia europea de vigilancia fronteriza. Respecto al reparto de menores, el acuerdo habla de reformar la ley de extranjería para que sea obligatorio, pero estableciendo una suficiencia financiera garantizada, que comprometa al Gobierno central a aportar los recursos cuando la presión migratoria de una comunidad supere su capacidad.

El pacto deja claro que deben ser las autonomías las que acuerden los criterios de reparto y que deben ser todas, sin excepción, solidarias en este asunto, en una clara referencia al intento separatista catalán de desmarcarse de este asunto. Además, se pide establecer puentes con los países de origen, «revisando los acuerdos actuales de cooperación e impulsando otros con países como Mali, Senegal o Nigeria». Medidas detalladas en un escrito de cinco páginas que harán un viaje estéril desde Canarias hasta La Moncloa. En cualquier caso, el pacto entre el PP y CC -en el que ha sido clave el popular Manuel Domínguez, vicepresidente canario- refuerza la asociación de estos dos partidos en ese gobierno autonómico y pone otro socio de investidura de Sánchez a la fuga, que ha visto cómo en los últimos meses todos los que le apoyaron, con la única excepción de ERC y BNG, han votado en su contra en alguna ocasión.

Respecto al tema financiero, concretamente, PP y CC establecen un sistema por el que las autonomías se harían cargo de la gestión y la financiación de este fenómeno migratorio hasta su capacidad del 100%; cuando sobrepase ese umbral y no llegue al 150%, la gestión sería de las comunidades y los recursos los pondría el Estado; superado ese 150%, toda la gestión y recursos recaerían en el Gobierno central.

Además, los firmantes del documento, en el que ha tenido una especial relevancia la mediación del vicepresidente canario Manuel Domínguez, ponen el foco en la petición de ayuda a la Unión Europea -sopesar el traslado de menores a otros estados miembros- así como intensificar el trabajo en origen, para que «España no se convierta en el refugio de las mafias de tráfico de personas».

Fernando Clavijo insistió en que este es un documento de inicio y que debe servir para empezar a negociar con el gobierno central. «Hoy hemos dado un paso de gigante para acercarnos a la solución del problema. Lo que hoy se ha firmado no solo vincula a las catorce comunidades gobernadas por el PP. Esto tiene que ser un pacto de Estado», expuso el presidente canario, que por la tarde se encontró con la oposición del Gobierno en las palabras de Torres y Saiz.