Feijóo llevará el decreto ómnibus al TC y ve inconstitucional la cesión de inmigración

Tras la rocambolesca sesión celebrada en el Senado, el PP programó una rueda de prensa de Feijóo para marcar posición. El líder de la oposición anunció una «ofensiva política, social y judicial sin descanso», tras considerar que los malos días para nuestro país «no han hecho más que empezar». De entrada anunció una nueva movilización el domingo 28 de enero en Madrid. Génova anticipa un escenario muy inestable, con Sánchez dispuesto a cualquier cesión y Junts entrando al juego de la negociación con dureza, pero sin ánimo de romper mientras la amnistía no esté aprobada y se aplique.

En primer lugar, el líder del PP dio instrucción de que se registre la solicitud de comparecencia del presidente para dar cuenta de los acuerdos suscritos con Junts, algo que se materializó por la tarde. La petición firmada por el portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, reclama un pleno extraordinario en el que se sustancie la «comparecencia urgente» de Sánchez.

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Feijóo también ha pedido a su equipo jurídico que estudie «hasta la última coma» de los decretos aprobados y de los acuerdos conocidos «para poner freno en los los tribunales» a las cesiones de Sánchez. Un análisis del que ya hay consecuencias prácticas. El PP ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto ómnibus porque entiende que no está justificada la urgente necesidad, al incorporar previsiones para no aplicar varias cuestiones del texto hasta dentro de unos años. Considera Feijóo que se trata de una «patada a las leyes procesales que ha tirado a la ventana sin que esté justificado y sin ningún fundamento».

Donde el PP hace un diagnóstico muy claro desde el punto de vista jurídico es en la cuestión de la delegación de las competencias migratorias. Aunque el Gobierno justifica que en virtud del artículo 150 de la Constitución Española el Gobierno central puede delegar competencias a las autonomías, Feijóo señaló ayer que entienden que «sí hay competencias exclusivas del Estado». Los populares se basan en este caso en el artículo 149, que recoge que «el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo».

El PP no puede presentar ningún recurso al respecto porque no hay ninguna ley aprobada, simplemente un acuerdo político. Pero el diagnóstico va en esa dirección. Feijóo entiende que «es grave que el Estado acepte desentenderse de su control» y denuncia que esta decisión «compromete la Seguridad Nacional», algo que consideró especialmente grave siendo España un país que es frontera sur de la Unión Europea y ante el problema creciente de flujos migratorios. El PP alerta de que es algo que puede acabar convirtiendo a los Mossos en una fuerza policial nacional, que terminará por desmantelar la presencia de la Policía Nacional.

También considera que es una decisión «impropia» de la UE, que atribuye estas competencias a los Estados miembros y que además se encuentra en un momento de armonizar y ordenar su política migratoria. «La cesión completa de las competencias de inmigración es una capitulación constitucional en toda regla y generará un conflicto competencial entre comunidades autónomas y cuerpos de seguridad», consideró Feijóo, que se ha preguntado si habrá 17 sistemas distintos de inmigración en España.

Los barones autonómicos del PP mostraron su malestar al respecto. Por su relevante papel en esta materia, destaca la reflexión del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, que reconoció que esta cuestión le «preocupa mucho». La presidenta balear, Marga Prohens, denunció que Sánchez «saca sus iniciativas a cambio del desmantelamiento del Estado y de la generación de agravios entre comunidades». La extremeña María Guardiola se refirió a la «gestión caótica» del Ejecutivo. Entre los más veteranos, el presidente andaluz, Juanma Moreno, denunció que el Gobierno central «está rompiendo la solidaridad interterritorial y creando división entre los territorios». La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, denunció que «se está fabricando de facto una nación con el dinero de todos los españoles». Feijóo puso ayer voz a la denuncia que hacen muchos de sus líderes regionales: la negativa de Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Por eso insistió en su convocatoria para «recibir todas las explicaciones de los pactos que ayer se ocultaron y hoy todavía no conocemos». Recordó que fue solicitada hace semanas por la mayoría de presidentes y que, «de acuerdo con reglamento, el presidente tiene la obligación de convocarlo».