La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide a Cuba la extradición del etarra Urtiaga

Según el fiscal, ambos procesados -sobre los que pesan sendas órdenes de detención internacional desde que el juez los procesó en febrero- están en situación de rebeldía y no a disposición judicial, por lo que entiende que su personación sólo podrá admitirse "cuando sean efectivamente entregados o se presenten voluntariamente al objeto de prestar declaración en el procedimiento".

El pasado 20 de octubre Velasco solicitó al Gobierno que iniciara los trámites para extraditar a Cubillas , residente en Venezuela y que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), aunque le sugirió que antes reclame al Ejecutivo de Hugo Chávez que le retire la nacionalidad venezolana.

Los fiscales han solicitado además al magistrado que reitere a Interpol la orden de detención dictada contra de Urtiaga para que se ejecute de forma inmediata, ya que al solicitar su personación en la causa ambos procesados han facilitado su domicilios , en La Habana y en Venezuela. Respecto a la entrega de Urtiaga, los fiscales entienden que ésta es posible según el tratado de extradición vigente entre España y Cuba, que, aunque por su antigüedad -es de 1905- no figura el delito de terrorismo, sí contempla "la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas" en el artículo 9.1.

Asimismo, añade el escrito, el tratado tipifica en su artículo 2.3 b el delito "para quien organice o dirija a otros a los efectos de la comisión de delito relativo a la comisión de atentados terroristas con bombas". Sandoval y González Mota recuerdan que a finales de febrero, Velasco procesó a Urtiaga por colaboración con banda armada "por su indiciaria participación en actividades de entrenamiento y adiestramiento del uso de artefactos explosivos con bombas" a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas (FARC) en calidad de "interlocutor de ETA".

Tanto Cubillas como Urtiaga han reclamado su personación a través de un poder notarial para pleitos en el que han designado procurador y un grupo de abogados para que los representen, entre ellos, Jone Goirizelaia, Alfonso Zenon, Beatriz Ilardia, Ainhoa Baglietto y Edurne Iriondo. Por su parte, la acusación popular ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid también se ha opuesto a que se personen los terroristas.