Exministros e históricos del PSOE exigen a Sánchez que retire la ley de memoria pactada con Bildu

Entre las más de 160 personas que apoyan este manifiesto destacan exministros socialistas, como Julián García Valverde, Julián García Vargas o Javier Sáenz de Cosculluela. También otros históricos del PSOE, como los expresidente del Senado Javier Rojo y Juan José Laborda, o el expresidente andaluz, José Rodríguez de la Borbolla. Además, varios exdiputados y exsenadores de este partido, como el que también fuera alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, o el exsecretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso José María Mohedano.

La larga lista de apoyos a este documento incluye figuras destacadas de la Transición, como ex ministros, diputados y senadores de UCD. Incluso, personas de otros ámbitos, entre ellas la presidenta de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, o la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Teresa Freixes, entre otras.

Todos ellos quieren así «trasladar nuestra oposición a la orientación que ha tomado» el proyecto de ley de memoria democrática pactado por el Gobierno con Bildu. Y añaden que «no aceptamos que el pacto constitucional» de 1978 se someta a una «tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica» con esta iniciativa.

Añaden que «tampoco aceptamos que se considere como período sospechoso hasta diciembre de 1983», en alusión a la exigencia de Bildu al Gobierno de Sánchez para estirar el alcance de esta ley hasta esa fecha con el objetivo de incluir en ella crímenes como los de Lasa y Zabala, cometido por los GAL cuando ambos militaban en ETA.

Así, los firmantes del manifiesto de ADVT señalan que «nos preocupa que esta sospecha sea fruto de un pacto con Bildu», de la que recuerdan que «aún no ha formulado una crítica a los crímenes terroristas» de ETA.

Por todo ello, exigen al Gobierno, a Pedro Sánchez y a los grupos parlamentarios la «retirada» de este proyecto de ley para «restaurar el necesario consenso en esta materia, pensando en el bien de nuestra convivencia y en el fututo de nuestra democracia».

En este sentido, coinciden en que este proyecto de ley pactado por el Gobierno y Bildu «pretende establecer una 'verdad oficial', amparada en lo que se configura como un 'deber de memoria democrática', que abarca los dos siglos de la historia contemporánea de España».

Todo ello sin cuestionar la necesidad de reivindicar la memoria de «tantas personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y posterior represión» por parte del régimen franquista para así «superar las secuelas de aquel conflicto y promover la concordia y la convivencia». Como se hizo durante la Transición y «ese gran pacto constitucional de 1978, que refrendó una amplísima mayoría de españoles», concluye el centenar y medio largo de personalidades que apoyan este manifiesto.