Drones en el Sahel y placas solares en Canarias, los contratos bajo la lupa de la juez

En concreto se trata de cuatro expedientes de suministro de equipamiento para el proyecto Gar Si Sahel en Mauritania, Níger, Malí y Logroño adjudicados entre 2020 y 2021, los años en que se circunscribe la investigación sobre una trama de mordidas en la que un «mediador» habría gestionado comisiones de empresarios a cargos públicos a cambio de influencia y, se sospecha, también adjudicaciones.

Estos contratos, por importe total de 2,35 millones de euros - aunque la partida de drones sería inferior según fuentes jurídicas- están en el punto de mira porque entre los imputados se encuentra el general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa, que trabajaba precisamente para la FIIAP y que tenía relación con ese empresario. El objetivo es que la Guardia Civil pueda analizar «cuantos documentos originales, o en su caso, en copia obren (bien en formato papel, bien digital) relativos a los expedientes completos» incluyendo además los relativos a la «composición de las Mesas de Contratación y sus respectivas actas».

Reclaman además que se identifiquen a las personas físicas que efectuaban las comunicaciones telemáticas y de gestión de los diferentes contratos: presentación de facturas, certificaciones, presupuestos, recogida de documentación física, correos electrónicos y toda aquella documentación de interés a este respecto.

Noticia Relacionada

El PP exige explicaciones a Sánchez sobre el diputado del PSOE detenido por la trama de mordidas

Mariano Calleja

Los populares preguntan al presidente del Gobierno «desde hace cuánto el aparato del PSOE es conocedor de la trama»

El adjudicatario bajo sospecha es José Santiago Suárez Estévez, al que en la trama conocían como 'el Drones' y que fue grabado por el mediador, Antonio Navarro Tacoronte, haciendo gestiones para abrirse camino también en las islas. «Esta mañana he hablado con Bernardo, ya tiene la documentación que hacía falta para la sociedad», dice en una de las grabaciones acerca del diputado recién dimitido Juan Bernardo Fuentes Curbelo, detenido el lunes.

En este contexto, consta que el empresario habría pagado, además de viajes, al menos 1.800 euros al mediador. Se los pidió de vuelta cuando vio que no cumplía. «De todo lo que me dijiste que iba a pasar, ayudas, venta de drones etc., no ha pasado nada, no me hagas pensar mal, los negocios son los negocios, pero jugar con el pan de mis hijos, no», llegó a decirle a Navarro.

Quien también tenía expectativas de beneficiarse de negocios con la FIIAP a partir de la influencia de Navarro sobre el general era Antonio Bautista, empresario de placas solares al que el mediador llegó a prometer contratos por 35 millones de euros. Pagó al menos 60.000 a la trama y tampoco se quedó contento. Según la declaración del mediador ante la juez, Fuentes Curbelo estaba interesado en ayudar a este empresario para, de paso, que instalase placas solares en una granja que, afirmó, tiene su mujer.