Diego, de vuelta al Cuerpo tras una larga batalla judicial: «Lo único que quiero es jubilarme como policía»

Noticia Relacionada

San Sebastián, de paraíso urbano a nuevo Bronx del Cantábrico

Chapu Apaolaza

Para cuando eso ocurra y cuelgue el uniforme, Diego (prefiere no revelar sus apellidos) habrá cumplido 45 años en la Policía Nacional, algo muy poco común en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Soy un policía vocacional», asegura. «Entré con 20 años porque me encantaba, no tenía antecedentes familiares. Aprobé y me fui como voluntario al País Vasco», detalla sobre sus inicios. Su situación actual, sin embargo, dista mucho de la de entonces. El régimen de segunda actividad sin destino, según cuenta, «es una especie de prejubilación». Se trata, en concreto, de una situación administrativa a la que pasan algunos agentes previa a la edad de jubilación, bien por haber perdido las capacidades psicofísicas necesarias o porque así lo han decidido de forma voluntaria. Diego pertenece a este segundo grupo. «Si alguien se iba porque tenía un problema psicofísico, sí podía volver. Pero si, como es mi caso, decidía irse de forma voluntaria, no podía volver», explica a este diario. En la actualidad, más de 2.000 agentes están en segunda a actividad sin destino, entre ambas categorías, según trasladan fuentes sindicales.

La negativa a que policías como Diego puedan regresar al servicio activo incumple el Acuerdo de Equiparación Salarial. Así lo llevan denunciando años los sindicatos policiales, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Se amparan en que en el Anexo del Acuerdo en su cláusula tercera se determinaba que se destinarían 100 millones de euros de cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada (Guardia Civil) al servicio activo, con efecto desde enero de 2018. Se acogen también a la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, que establece una serie de condiciones para su reingreso. Entre otros, deberían realizar un curso de actualización, no haber sido separados de servicio de la Administración General del Estado, carecer de antecedentes penales por delito doloso o contar con las aptitudes psicofísicas para la prestación del servicio. «No han cumplido el acuerdo y por eso tuve que ir a los tribunales», denuncia Diego.

Su lucha es ya una cuestión de justicia, aunque en primera instancia fueran los motivos económicos los que lo empujarían a llevar su caso a los tribunales. No es para menos. Siempre según Diego, entre estar en activo y permanecer en segunda actividad sin destino la diferencia es de más de mil euros mensuales en la Comunidad de Madrid, a lo que habría que sumar los distintos complementos. Respecto a Melilla, su último destino, esa cuantía asciende a más de 2.000 euros al mes, teniendo en cuenta el plus de residencia de las ciudades autónomas, al igual que ocurre también en Fuerteventura y La Palma. «Además, en estos tres años ha habido una subida importante que no ha ido al salario base, pero sí a los complementos. Por tanto, no ha subido en la segunda actividad» según explica. Pero tras más de tres años –emprendió acciones legales en 2021 de la mano del SUP–, sus motivaciones son otras. «Es lo único que sé hacer en mi vida», comenta. «Creo que me merezco una despedida. No me merezco esta salida después de 45 años de servicio. Cuando pedí esa situación no estaba preparado, porque no era una jubilación, era un paréntesis en mi vida», detalla.

Defiende sus condiciones psicofísicas, pese a sus 63 años, y destaca su amplia experiencia como principal argumento. «Hay servicios en los que todavía podemos aportar muchas cosas al colectivo, sobre todo experiencia, evidentemente», defiende. Todo apunta a que, finalmente, será escuchado. Ganó, en primera instancia, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque la Dirección General de la Policía (DGP) recurrió en casación la sentencia. «El Tribunal Supremo me dio la razón en el mes de junio y ahora estoy a la espera de la comunicación que tiene que hacer el TSJM a la Abogacía del Estado para que se lo comuniquen a la Dirección General de la Policía. En definitiva, burocracia pura y dura», explica.

Su sentencia, junto a la de dos compañeros más, ha creado jurisprudencia y, para la próxima Comisión de Personal, la Dirección General de la Policía convocará un Concurso General de Méritos que incluirá, gracias a estas sentencias, a todos los policías de segunda actividad que cumplan los requisitos. De modo que, en principio, podrán optar a cualquier servicio que le otorguen siempre que sus condiciones físicas y psíquicas sean correctas. «Cuando esté dentro, para mí será un placer. Tengo muchas ganas de volver», afirma. Alegría también en el SUP «por todos aquellos policías nacionales que gracias a las sentencias ganadas podrán acceder a los concursos», si bien no evitan mostrar «cierta amargura porque algo que es de justicia se haya tenido que resolver en los tribunales».