Defensa revisa partidas para subir el gasto ante la OTAN por la vía rápida

La maniobra no serviría para arreglar el incumplimiento que España tiene con la OTAN, pero el Gobierno tiene cierto margen para mejorar algo su cifra ya que hay varias formas de cuantificar el gasto en defensa. La Alianza lo calcula según su propia metodología pero utilizando los números que le comunica cada Gobierno, y el español no le está remitiendo todas las partidas que recogen los Presupuestos Generales del Estado relacionadas con el sector militar.

Según fuentes del propio Ejecutivo la razón es que, hasta ahora, a Pedro Sánchez le interesaba internamente que España apareciera como uno de los miembros de la Alianza que menos invierte en defensa dada la posición antimilitarista de la mayoría de sus socios parlamentarios. Según otras fuentes, la relación poco fluida que mantienen la ministra de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo en Interior, Fernando Grande-Marlaska, tampoco ayuda al intercambio de datos, y es esta última cartera la que tiene más disposición de aflorar gasto de cara a la OTAN.

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Sea como fuere, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió ya el pasado mes de julio al Gobierno de que la forma de cuantificar el gasto de defensa de la OTAN difiere del cálculo según el punto de vista de la contabilidad presupuestaria y también desde la fórmula de la contabilidad nacional.

En este sentido, la citada institución avisó de que «se podría incluir el coste de las tropas del Ministerio del Interior, las fuerzas policiales nacionales, la gendarmería, los carabineros, las guardos costeras etc... pero solo en la proporción en que estas fuerzas están entrenadas en tácticas militares, están equipadas como una fuerza militar, pueden operar bajo la autoridad militar directa en operaciones desplegadas y pueden, de manera realista, ser desplegadas fuera del territorio nacional en apoyo de una fuerza militar».

La AIReF se pronunció así en su informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en el que subrayaba también que «un componente principal» de la definición de gasto en defensa según la OTAN «son los pagos a las Fuerzas Armadas», y de nuevo con diferencias de cálculo respecto a la fórmula que utiliza España. Entre estas diferencias, la citada Autoridad señalaba que la Alianza incluye como gasto de personal las pensiones pagadas a los militares jubilados y a los civiles empleados en departamentos militares. El Gobierno antes no las computaba y ha empezado a incluirlas recientemente.

En el mismo informe, la AIReF también daba importancia a que la OTAN tiene en cuenta el gasto de carácter militar de actividades mixtas civiles-militares cuando el componente militar puede ser específicamente contabilizado o estimado, apuntando a que España también podría computar algo más de lo que anota por esta vía.

Fuentes del sector coinciden con la AIReF y señalan alguna otra partida que podría incluirse. Así, el profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense Antonio Fonfría señala las operaciones internacionales que se cargan al fondo de contingencia y las partidas del Ministerio de Industria para las empresas de I+D de defensa.

De hecho, la financiación de las misiones en el exterior es precisamente uno de los asuntos que más críticas cosechan en el debate parlamentario, ya que no está incluida en el presupuesto ordinario del Ministerio de Defensa, y se costea con cargo a ese fondo de contingencia mediante créditos a los que da progresivamente el visto bueno el Consejo de Ministros. En 2024, por ejemplo, superaron los 3.000 millones.

En cuanto a la partida de Industria para investigación y desarrollo, el citado economista señala que la parte dedicada al sector militar debería anotarse al Ministerio de Margarita Robles al tener las atribuciones de la política industrial de defensa. Es este capítulo el que permite encargar a las empresas el desarrollo de sistemas de armas, comunicaciones o vehículos militares. «Lo lógico es que esos recursos que estén en Industria se pasen y computen en Defensa», señala Fonfría.

Desde el Real Instituto Elcano, el investigador principal Félix Arteaga señala que existe una «discusión» sobre las cifras porque «los gastos de España no corresponden completamente con la definición de gastos de la OTAN». En este sentido, señala que «hay muchos gastos, por ejemplo, de personal en la reserva, de clases pasivas, que no se han incluido en el coste que se remite» a la Alianza.

No obstante, nadie se atreve a cuantificar exactamente cuánto podría mejorar el dato de España una vez que Defensa revise y remita a la OTAN su nueva contabilidad. La única organización que ha hecho un cálculo sobre el gasto de defensa no computable es la pacifista Centre Delàs, aunque en el sector se advierte de que sus cifras «están muy infladas» y «no son creíbles». «Solo las usan y las tienen en cuenta ellos», coinciden varias fuentes. En todo caso, ni siquiera así España alcanzaría el 2% comprometido con la OTAN ya que las cifras de esa entidad apuntan a un gasto del 1,8% del PIB, hasta los 27.600 millones. La organización usa para su cálculo el presupuesto del Ministerio de Defensa incluido en los Presupuestos Generales del Estado, pero añade otras muchas como los organismos autónomos, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las pensiones de los militares, las aportaciones al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), la Guardia Civil o los organismos militares internacionales que financia el Ministerio de Asuntos Exteriores. «El gasto de España en defensa tendría que superar los 30.000 millones para cumplir con el 2% del PIB», explica Pere Ortega, experto del centro y uno de los autores de su informe. Si el objetivo fuera alcanzar el 3% que ya insinúa la OTAN serían 46.000 millones y 73.000 millones si se piensa en el 5% del que habla el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También hace sus propios informes sobre el gasto en defensa el Instituto Internacional Sobre la Paz de Estocolmo (Sipri), que en el último, correspondiente al año 2023, cifró en 23.700 millones de dólares -unos 22.800 euros- la inversión militar española. Esta cifra representa aproximadamente un 1,5% del PIB español y el instituto la usa además para calcular que nuestro país ha aumentado un 42% su presupuesto de defensa en la última década. En cualquier caso, fuentes del Ministerio dirigido por Margarita Robles mantienen que el compromiso del Gobierno es cumplir con el compromiso adquirido con la OTAN en el año 2029, «o incluso antes», y ven difícil de alcanzar un nuevo objetivo del 3%, al que no llegan actualmente la mayoría de países de la Alianza.