La cúpula de RTVE troceó contratos para repartirlos sin concurso público

En los archivos contables de 2021, los auditores del Estado han dado con un total de 624 expedientes de contratación menor en Radio Televisión Española, por un montante de 4.475.570 euros, sin contar el IVA. La enorme lista de contratos menores ha sorprendido a los interventores que han revisado las cuentas del ente, porque han detectado casos de uso abusivo.

La Ley de Contratos del Sector Público restringe la figura del contrato menor a adjudicaciones de pequeño importe: menos de 40.000 euros en el caso de obras, y menos de 15.000 euros para contratos de servicios y suministros.

La normativa y la jurisprudencia castigan que un contrato se divida en varios para reducir su importe y, así, en vez de convocar un concurso público al que puedan presentarse cuantos licitadores lo deseen, convertirlo artificiosamente en varios contratos menores que se pueden adjudicar directamente, sin concurso público, sin libre concurrencia de licitadores. Así se consigue un amplísimo margen de maniobra para elegir a un beneficiario en concreto, se pierde en competencia y el proceso se torna opaco.

Pese a que esa práctica, la del fraccionamiento de contratos, está castigada por ser infracción legal, en RTVE cundió en 2021. El informe de los interventores no aborda las consecuencias legales, pero sí que deja claro que aquel año se produjeron notorios y notables fraccionamientos de contratos. De los 624 expresidentes de contratación menor adjudicados por RTVE en 2021, los auditores tomaron una muestra de 60 para elaborar este informe de fiscalización. Y de esos 60, trece fueron consecuencia de fraccionamiento artificioso. Es decir, el 22% estarían viciados por una tramitación irregular con la que se esquivó la convocatoria de concurso público.

Si los resultados de esa muestra se extrapolan a la totalidad, eso significaría que en 2021 Radio Televisión Española habría firmado unas 135 adjudicaciones viciadas por fraccionamiento artificioso de contratos. Además, si se tiene en cuenta que el total de contratos menores ascendió ese año a 4,47 millones de euros, y que los 60 elegidos como muestra analítica representan el 11% de ese importe global, la misma extrapolación apuntaría a que pudieron adjudicarse directamente, de forma anómala, encargos por alrededor de un millón de euros, impuestos incluidos.

El informe recoge, expresamente, qué empresas se beneficiaron de esos contratos 'troceados'. Así citan a Broad Service S.L., de ingeniería y servicios audiovisuales, por haber recibido tres contratos menores de suministro de equipos que debían haber sido sacados a concurso agrupados en una única licitación. Esas tres adjudicaciones directas ascendieron a 29.530 más IVA.

Por su parte, a la firma Gam España le adjudicaron cinco contratos directos en dos tandas. Dos de ellos para alquiler de equipos destinados a la retransmisión de los Premios Goya de 2021, por un total de 15.959,39 euros más IVA. Por otro, tres contratos, también de alquiler de equipos para la retransmisión de varios eventos, que sumaron otros 16.249,43 euros, sin contar el IVA.

La empresa Kuiper Informática fue la adjudicataria directa de tres contratos de compra de televisores en marzo, abril y mayo de 2021. Los interventores no tienen duda de que lo correcto hubiera sido sacar a concurso público un contrato unitario, en vez de trocearlo en tres que sumaron un total de 16.126,65 euros, más IVA.

Otra compañía que se benefició de ese tipo de adjudicaciones directas fue Opalo Service, a la que RTVE hizo dos encargos de alquiler de maquinaria para la retransmisión de los Premios Goya de 2021, por un valor total de 18.000 euros, más IVA. «Se debería haber realizado la contratación mediante un único contrato», por licitación pública, subrayan los interventores en su informe.

Además, esta fiscalización ha detectado otras anomalías en la gestión contractual de RTVE en 2021, como que la mitad de los 60 contratos menores revisados no incluyen la preceptiva acreditación de que la obra, servicio o suministro fueron prestados correctamente, según lo pactado. Es un control esencial para dar luz verde al pago.

Los auditores también han censurado que «ningún contrato menor de los analizados por esta Intervención se ha comunicado al Registro de Contratos del Sector Público», lo que infringe la normativa en vigor.