Conde-Pumpido, hace dos años: «El recusado no puede intervenir»

Como magistrado raso y en un tribunal de mayoría conservadora bajo la batuta de Pedro González Trevijano, lo expresó en un voto particular de forma clara y contundente: los miembros del TC recusados no pueden participar en ningún incidente relacionado con el procedimiento en el que se cuestiona su imparcialidad hasta que no se decida sobre la recusación. En definitiva, el criterio opuesto al que ahora impone en el mismo órgano con la ley de Amnistía y bajo el que el Pleno del TC decidió el martes sobre las abstenciones del magistrado y exministro Juan Carlos Campo con cinco votos en contra por la irregular composición del tribunal.

El voto particular en cuestión, que Conde-Pumpido firmó entonces con los también progresistas Ramón Sáez Valcarcel e Inmaculada Montalbán, su ahora vicepresidenta, reprochaba a la mayoría que hubiera resuelto las recusaciones contra dos miembros del TC, el propio Trevijano y Antonio Narváez (ninguno de los dos ya en el tribunal), permitiendo la participación de ambos en el Pleno. Fue con motivo de las llamadas «enmiendas trampa» con las que PSOE y Podemos intentaron hacerse con el control del TC por la puerta de atrás y que fueron paralizadas 'in extremis' por el órgano de garantías y con la intervención en el Pleno de los dos magistrados recusados. El intento de apartarles se rechazó de plano, por considerar la mayoría -entonces conservadora- que las recusaciones eran «abusivas» y «selectivas»: PSOE y Podemos pretendían que Trevijano y Narváez, ambos nombrados por el Gobierno del PP, se apartaran porque estaban fuera de mandato, cuando lo cierto es que en esa situación también se encontraban los dos magistrados cuyo nombramiento correspondía al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Santiago Martínez Vares y Juan Antonio Xiol, pues se trata de una renovación conjunta. Sin embargo, ellos no fueron recusados.

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Nati Villanueva

En el voto particular, Conde-Pumpido denunciaba la irregular composición del pleno que tomó esta decisión. «Del debate y pronunciamiento sobre la admisión a trámite y sobre el fondo del incidente de recusación han de quedar siempre excluidos los magistrados y magistradas cuya imparcialidad se cuestiona (...) Quien ha sido recusado no interviene en la deliberación y decisión sobre la admisión de la recusación, con la única excepción de que se vea afectado el quorum mínimo para decidir». E insistía: «La regla general es que el tribunal ha de dar curso a la recusación para que sea examinada por un órgano distinto a aquel de quien se sospecha la parcialidad».

Conde-Pumpido defendía que, aun apartando a esos dos magistrados, seguía habiendo quorum suficiente, porque quedarían nueve miembros del tribunal (entonces eran once) cuando el mínimo legal es ocho.

Ahora, con la amnistía también lo hay, pues apartando a Campo -cuya abstención se ha aprobado- y a los magistrados recusados (la ex alto cargo de este Gobierno Laura Díez, el exvocal conservador del CGPJ José María Macías y él propio Conde-Pumpido) quedarían los ocho necesarios para cumplir ese quorum: cuatro del bloque progresista y cuatro del conservador, una relación de fuerzas que hace difícil aventurar el destino de esas recusaciones que, en caso de ser aceptadas, dejarían al tribunal con esa misma composición para entrar de lleno en el debate sobre la amnistía. De ahí el interés del presidente del TC en que los magistrados cuya imparcialidad se cuestiona participen en los debates de la recusación ausentándose únicamente cada uno de la suya pero pudiendo participar en la de los otros. Eliminado Macías con el voto de la mayoría progresista (6-4), Conde-Pumpido y Díez podrían enfrentarse a su propia recusación sin problemas.