El PP pide en las Cortes Valencianas los contratos del Gobierno de Ximo Puig con la constructora salpicada por el caso Koldo

Se trata de Levantina Ingeniería y Construcciones, del constructor José Ruz, en el foco de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por las adjudicaciones públicas que consiguió estando en contacto con los dos principales investigados en la trama, el asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, que presuntamente ejercía como conseguidor.

Como avanzó ABC, hasta el año pasado la Generalitat Valenciana había cerrado con Levantina contratos por valor de 9,6 millones de euros. Estos, y otros tantos -al menos una treintena- de ayuntamientos como Altea, Rafelbunyol o Sagunto y la Diputación de Valencia, están fuera del rastreo realizado por la UCO, que se centró en el periodo entre 2017 y 2021.

El Ejecutivo autonómico que lidera Carlos Mazón ha abierto una investigación interna y, en caso de detectar irregularidades, las trasladará a la Fiscalía.

El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, ha justificado el requerimiento de las copias de la documentación en la necesidad de «conocer el verdadero alcance de la trama» en la región y dilucidar «si todo el procedimiento que hubo fue transparente y con regularidad».

También para conocer «si es casualidad que sean preferentemente administraciones socialistas quienes han hecho las adjudicaciones a este empresario», ha incidido. «Queremos preguntar a Diana Morán -ministra de Ciencia y líder del PSPV- si es casualidad que el despacho» del exdirigente socialista Francesc Romeu «sea el que lleve los asuntos de Koldo y su familia» o que la Comunidad Valenciana sea «epicentro» de la trama, ha apuntado.

En respuesta a estas declaraciones, el portavoz del PSPV-PSOE en el Parlamento regional, José Muñoz, ha anunciado que pedirán la comparecencia de la actual consellera de Infraestructuras, Salomé Pradas, por la adjudicación el pasado diciembre de unas obras de modernización en el tranvía de Alicante a una UTE participada por la misma empresa.

Muñoz ha acusado a Barrachina de querer extender «una mancha de aceite» y le ha exigido que «aclare si este caso Koldo está afectando también al Consell de Mazón a través de este contrato».

De acuerdo con las informaciones reveladas por este periódico, Ferrocarrils de la Generalitat adjudicó a Levantina, en 2022, un contrato de 4,3 millones de euros para un paso inferior del tranvía en Benidorm, pocos días después de que -como señala la Guardia Civil en el sumario del caso- José Ruz y Víctor de Aldama estuvieran hospedados en el mismo hotel de las Palmas.

En febrero de 2023 se les fotografió en una marisquería madrileña. Un mes más tarde, se produjo una modificación del contrato que recogía más trabajos. En junio, con el Gobierno de Puig ya en funciones, hubo un segundo cambio que incrementaba el importe en 865.314 euros, según la documentación a la que tuvo acceso ABC.

En abril la misma empresa recibió un contrato de 576.467 euros para obras en el Puerto de Santa Pola desde la Conselleria que dirigía entonces la actual secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, que había sucedido en el cargo a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial.

También en 2023 consta una adjudicación por más de medio millón de la Consellería de Sanidad para unas obras de reforma y un contrato menor de 47.915 euros. Según fuentes de la Generalitat, un funcionario fue apartado tras detectar indicios de irregularidad en este último procedimiento, que llevó a cabo el departamento de Movilidad.

En paralelo, en un desayuno informativo de la Cadena SER en Valencia, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado este viernes que si hay alguna indagación sobre el caso Koldo que le lleve a la conclusión de que algún cargo de su departamento no merece su «confianza», será cesado, aunque ha reconocido que no es «capaz de preverlo».

De momento, la única destitución que considera justificada por la pérdida de confianza -«no porque se le esté prejuzgando ni porque haya tenido participación en los hechos»- es la del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Puente ha apuntado que no tiene relación con los hechos antes de que fuera nombrado ni «ninguna vinculación personal con los que siguen en algún puesto y también estaban esa época».

Además, el ministro ha dicho sentirse «defraudado» con la decisión de José Luis Ábalos de pasar al grupo mixto del Congreso y ha reprochado la «sobreactuación» que, a su juicio, está haciendo el PP con este asunto.