A la espera de que se despeje la incógnita de cómo se articulará ese Consell y si contará o no con Vox, ante la insistencia de Mazón de apoyarse en esta formación solo para acuerdos puntuales, su propuesta electoral -presentada como programa de gobierno- establece las líneas básicas que quiere imponer el partido más votado en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, haciendo valer sus 40 escaños, a diez de la mayoría absoluta.
La reducción de la carga fiscal a la ciudadanía en general ha sido uno de los principales pilares de la campaña. El objetivo pasa por lograr que las rentas de hasta 35.000 euros anuales paguen menos impuestos en la Comunidad Valenciana que en cualquier sitio de España. En ese sentido, se eliminará el de sucesiones hasta el límite legal del 99% y el de donaciones hasta el 3% si se trata de la vivienda habitual.
A ello se suman las deducciones, entre otras, a las familias por el gasto en ortodoncias, gafas o prácticas deportivas, así como para los mayores de 65 años con descendientes a su cargo. Además, el PP propone no cobrar la cuota de la Seguridad Social a los nuevos autónomos durante un año o dos, en el caso de los menores de 35 años. También ha incidido en que derogará la tasa turística.
En materia educativa, Mazón apostará por la gratuidad de entre 0 y 3 años, la mejora de la enseñanza inclusiva para alumnos con necesidades específicas o el refuerzo de las becas, de la Formación Profesional y del aprendizaje del inglés. Su programa apunta que se garantizará a las familias la «libertad para escoger el centro, el ideario y la lengua que quieran en la educación de sus hijos» en todas las etapas.
Por otro lado, los populares quieren recuperar la ley de de protección y promoción de las señas de identidad valencianas que el Gobierno popular de Alberto Fabra aprobó en 2015 y que el Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- derogó poco después. Una norma que busca la defensa de la bandera, la lengua y de la denominación del territorio, así como de actividades como la tauromaquia. El PP señala al valenciano como un «elemento integrador y no excluyente, frente a los que pretenden imponer la unidad, sumisión y supeditación externa de la lengua valenciana al catalán».
Mirando también al norte, la propuesta presentada por el partido ganador de los comicios añade que no se financiará ni colaborará con fondos públicos, bajo «pena de malversación», a entidades, asociaciones instituciones o sociedades, así como manifestaciones, actividades o cualquier tipo de actos, que no respeten esas señas de identidad.
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