Carlos Mazón apuesta por una alianza «de manos tendidas» para abordar la segunda descentralización en España

Así lo ha detallado durante su participación en la mesa redonda 'Acciones de los municipios y diputaciones en ayudas a las familias', un debate que se incluye en el programa del foro organizado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias -FVMP- con el título 'Alianza Valenciana contra la inflación'.

Mazón, quien ha sido recibido en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia por el secretario general de la FVMP, Vicente Gil, ha lanzado esta propuesta al foro durante su turno de palabra, incidiendo en la conveniencia de emprender una segunda descentralización «hacia lo municipal, porque ese retraso de la financiación estatal que ya clama al cielo y esas competencias impropias que asumimos diputaciones y consistorios de manera clara debe quedar reflejado en un sistema de financiación municipal».

Para ello, ha solicitado un «régimen serio y concreto» en el que se aclaren «cuáles son los recursos con los que todos los concejales cuentan», en tanto que, según ha asegurado, «estamos infrafinanciados, porque las diputaciones somos entidades locales, y tenemos derecho a que no se nos impongan las cosas por imperativo, sino por una alianza de manos tendidas».

Tras una primera descentralización de competencias del Estado hacia las autonomías, Mazón ha sugerido que es momento de «establecer una alianza para alcanzar esa segunda descentralización».

En esta mesa redonda, moderada por la secretaria autonómica de Cohesión Territorial y Políticas contra la Despoblación, Elena Cebrián, han intervenido también los presidentes de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y Castellón, José Pascual Martí, así como la alcaldesa de Almoradí y diputada provincial, María Gómez, y los alcaldes de Betxí, Alfred Remolar, y Algemesí, Marta Trenzado.

Mazón ha anunciado a los asistentes a esta jornada que la institución ha puesto este año a disposición de los 141 municipios de la provincia «cerca de 177 millones de euros procedentes de fondos extraordinarios para hacer frente a las circunstancias extraordinarias actuales». Tal como ha concretado Mazón, este montante se ha destinado en 2022 a diferentes planes con el objetivo de aliviar el incremento generalizado de precios y la inflación.

«Desde la Diputación de Alicante, y en concreto hablando de la inflación, hemos puesto en marcha dos medidas concretas. Por una parte, ayudas a los ayuntamientos para hacer frente a sus propios costes energéticos y gastos corrientes y, por otra, también a través de los consistorios, fondos extraordinarios para luchar contra la crisis económica y la subida de precios generada por el Covid y la inflación», ha indicado el presidente, quien ha precisado, en su opinión, que la inflación «no viene por la guerra de Ucrania, sino anteriormente, y el conflicto bélico lo que ha hecho es incrementarla».

Además, Mazón ha señalado que desde el año 2020 «venimos disponiendo de una central de compras de luz que funciona muy bien con la que, a día de hoy, estamos consiguiendo para los ayuntamientos un precio de 70 euros por megavatio/hora, frente a los más de 100 que se pagan. De seguir en esta línea, generaremos un ahorro a las arcas municipales de 17 millones de euros».

El responsable provincial, quien ha abogado por intercambiar experiencias y herramientas entre las entidades locales para que, posteriormente «cada uno haga lo que entienda mejor para su administración, con intencionalidad positiva», ha explicado que desde la Diputación se ha implantado, asimismo, el «primer fondo destinado a pymes, micropymes y autónomos, dotado este año con 9 millones de euros y con 15 para 2023».

Además, el presidente ha querido insistir en que la institución provincial alicantina tiene su propio Fondo de Cooperación, «que da más libertad a los ayuntamientos y con el que, frente a los 13,7 millones que nos pide la Generalitat para el suyo, nosotros hemos invertido 36 millones que pueden derivarse tanto para inversiones como para gastos corrientes».

«En materia directa, junto a la central de compras de luz, hemos actualizado toda la flota de coches de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes con 5 millones de euros, a los que se suman otros dos para la instalación de puntos de recarga eléctricos», ha apuntado Mazón, quien ha apostillado que se trata de «un esfuerzo extraordinario».

Mazón ha mencionado, por otra parte, la puesta en marcha del Bono Consumo de la Diputación, que cuenta este año con 18 millones de euros en dos convocatorias, para ayudar al comercio de proximidad.

«Estamos ayudando a familias vulnerables, a autónomos y a colectivos desfavorecidos, y está bien que nos exijamos mucho y que, ya que hablamos de una alianza, seamos reivindicativos con la financiación autonómica y general del estado», ha sentenciado.

Mazón, quien ha recordado que la Diputación de Alicante es la única que ha suprimido para el próximo año su tramo del IAE –Impuesto de Actividades Económicas-, ha reclamado «coherencia» y «buscar el punto de encuentro para pedir lo que nos corresponde».

Finalmente, el presidente ha concluido su turno de palabra con una especial mención a los ciudadanos y los municipios, quienes «creo que no tienen ninguna duda de que esta crisis no es de demanda, ni de especulación, ni de alteración artificial del precio de las cosas, sino de sobrecostes».

Por eso, ha resaltado que es partidario «de bajar la carga impositiva en la Comunitat Valenciana, que es la segunda con mayor carga de toda España, y de hacer un esfuerzo para que la pequeña economía pueda levantar la persiana cada día y los ciudadanos puedan llegar a final de mes».

Por su parte, la alcaldesa y diputada provincial María Gómez, ha relatado que la comarca de la Vega Baja ha sufrido durante esta legislatura varias emergencias climáticas graves, a las que se han sumado las sanitarias y económicas. Por lo que ha indicado que en la primera crisis los ayuntamientos estaban saneados y pudieron dar «una respuesta rápida y efectiva a los ciudadanos. Porque el primer sitio al que reclamaban era al Ayuntamiento, que recurría a remanentes».

Tal como ha detallado Gómez, en la siguiente crisis con la Covid, «aunque mucho peor, se pudo dar respuesta de asistencia a las familias vulnerables y a los hosteleros y pequeño comercio, entre otros sectores, con planes a los que contribuyó la Diputación de Alicante. Teníamos un colchón suficiente con nuestra economía y las aportaciones de otras administraciones».

Sin embargo, la alcaldesa y diputada ha lamentado que, en esta crisis de precios e inflación, «la situación ha cambiado, porque ahora los ayuntamientos son los más afectados. Hemos pasado a no poder cuadrar presupuestos y a tener problemas económicos propios», al tiempo que ha pedido «que se nos escuche, porque tenemos mucho que decir. Somos el canal con las familias, pero necesitamos ayudas, aportaciones, fondos y que se elimine la burocracia».

Previamente a la mesa redonda, el presidente ha asistido al debate anterior protagonizado por los alcaldes de Alicante, Luis Barcala, Valencia, Joan Ribó, Castelló, Amparo Marco, y Elche, Carlos González, sobre el reto al que se enfrentan 'Las grandes ciudades en la lucha contra la inflación, medidas y acciones'.