Anticorrupción pide 19 años de prisión para Zaplana por el cobro de comisiones en adjudicaciones de la Generalitat

La investigación del caso Erial apunta a una supuesta fortuna de Zaplana oculta en el extranjero, procedente de comisiones ilegales de la privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y el plan eólico de la región. Además de la pena de cárcel, Anticorrupción también le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.

Del mismo modo, la resolución de la magistrada también señala a sus hombres de confianza Joaquín Barceló y Juan Francisco García, así como al expresidente José Luis Olivas, José Cotino y Vicente Cotino. Para todos ellos piden penas de prisión que van desde los seis hasta los catorce años de prisión por ser partícipes de unos «concursos a la carta» orquestados para empresas concretas.

Este grupo, según señala la calificación del juzgado, operaba a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico. El pasado mes de junio el juzgado instructor dictó un auto por el que dio por concluida la fase de instrucción y emplazaba a la Fiscalía y las demás acusaciones a solicitar la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Por ello, el expresidente popular interpuso un recurso de apelación contra el auto de procesamiento del caso Erial, en el que se investiga el supuesto cobro de más de diez millones de euros en comisiones. Así, solicitó sobreseer la causa ya que, a su juicio, existe una «ausencia de indicios objetivos» de delito.

La defensa de Zaplana criticó la instrucción afirmando que «ha consistido básicamente en unir a la causa las distintas investigaciones realizadas por la Guardia Civil, por propia iniciativa, que procedía a tomar las declaraciones que le parecía oportuno y sobre las líneas de investigación que dicha fuerza policial consideraba, sin atisbo de encomienda o control judicial y, por supuesto, sin permitir a las defensas intervenir en las mismas».

El expresidente valenciano reiteró ayer su inocencia tras conocer el escrito de Anticorrupción y señaló que espera demostrarla en el juicio «tras estos largos siete años de instrucción inquisitorial». Zaplana sostuvo que «al menos, el fiscal reconoce la ausencia de responsabilidad de determinadas personas que se han visto sometidas injustamente a este procedimiento durante años, de lo que me congratulo, del mismo modo que lamento que esa exclusión de responsabilidad no se haya hecho extensiva a otras personas a las que se imputó por el mero hecho de mantener relaciones de parentesco, amistad o laborales».

«Muestro mi más absoluta disconformidad con sus conclusiones y reitero mi inocencia de todos los cargos que se me imputan», defendió el procesado en un comunicado. Eduardo Zaplana confía en que el acto del juicio oral se puedan practicar las pruebas acreditar su inocencia y «que hasta el momento me han sido vedadas».

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas, María José Catalá, trasladó el «máximo respeto» de su partido hacia la petición de la Fiscalía y advirtió de que «politizar la justicia es un todo un error». Desde el PSOE, criticaron que los populares «no han superado todavía la catarsis y deben pasar una ITV para abordar los años más tristes de la historia del autogobierno valenciano».

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