Ximo Puig emula el modelo comarcal del nacionalismo catalán

Ximo Puig, empeñado en restar competencias políticas y presupuestarias a las Diputaciones , realizó este anuncio durante una reunión en el Palau de la Generalitat con los presidentes de las 52 mancomunidades de la Comunidad Valenciana, donde dio a conocer también el decreto de ayudas para gastos de funcionamiento a estas asociaciones voluntarias de municipios, dotado con 600.000 euros para este año.

El dirigente socialista negó que su objetivo sea implantar un cuarto nivel de Administración , aunque insistió en la necesidad de que las Corporaciones provinciales ofrezcan facilidades para acometer el proyecto, ya que, a su juicio, al margen de la prestación de servicios hay «un hecho político» , que pasa por descentralizar la toma de decisiones, que en la actualidad se concentran en las capitales de provincia.

En este sentido, Puig indicó que no se trata de aumentar el gasto y la burocracia, sino de «ser más eficaces teniendo en cuenta la realidad comarcal» , donde las mancomunidades «juegan un papel de suma, de esfuerzos, más allá de las fronteras del municipio, para prestar mejores servicios y de calidad». Por ello, la Generalitat ha iniciado un espacio de diálogo para un proceso «hecho desde abajo», de manera que se ha entregado a las mancomunidades un borrador de anteproyecto de ley, para que durante un mes presenten sus aportaciones.

A partir de julio se harán consultas con el objetivo de que en septiembre el Consell pueda aprobar el texto y enviarlo a las Cortes antes de que acabe el año.

El objetivo de Puig de dotar de mayor peso a las comarcas viene de lejos. De hecho, un documento remitido desde el PSPV al comité federal del PSOE en junio de 2013 planteaba la «supresión de la provincia como estructura obligada en la articulación territorial del Estado» .

Bajo el título «Por un federalismo integrador», el documento de 32 folios que encargó a un comité de expertos el secretario general de los socialistas valencianos abogaba por la «derogación del actual título VIII de la Constitución y la aprobación de uno de nuevo cuño que regule la estructura territorial vertebradora de nuestro país».

El texto subrayaba que «la supresión de la provincia como estructura obligatoria en la articulación del Estado tiene su correlación en la no necesaria existencia de la Diputación como órgano de gobierno y el establecimiento de una mayor autonomía en las Comunidades Autónomas para articular el gobierno de los problemas supramunicipales y de las necesidades que, dentro del ámbito de autonomía local, los municipios no pueden resolver por si solos».