Vuelven a condenar al Ayuntamiento de Valencia por la suspensión a un asesor del PP investigado por blanqueo

En la nueva sentencia el juez entiende que existe una vulneración de derechos fundamentales y llega a las mismas conclusiones que en la emitida por el Contencioso-Administrativo número 5.

En primer lugar, que existe una «falta de motivación» en la suspensión de funciones del asesor puesto que ésta «debe venir vinculada a que resulte indispensable o muy necesaria para garantizar la normalidad del servicio público o para no perjudicar a la instrucción al expediente, o que la suspensión tenga por finalidad asegurar la eficacia de la resolución sancionadora que pudiera poner fin al procedimiento».

La sentencia hace mención al artículo 23.2 de la Constitución Española, en el que se recoge que los ciudadanos «tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes». Con él se garantiza, en opinión del juez, «no sólo el acceso en condiciones de igualdad al cargo, sino mantenerse en ellos sin perturbaciones ilegítimas ». Con la resolución del Ayuntamiento, prosigue, se fue contra de este derecho constitucional «cuya tutela se pretende y procede».

Por lo tanto, anula la suspensión del asesor y condena en costas al Consistorio con el límite máximo de 1.800 euros más el IVA correspondiente por los conceptos de defensa y representación del demandante.

La primera sentencia obligó al Ayuntamiento a reincorporar a Luis Salom a su puesto de trabajo con normalidad . Sin embargo, el asesor del PP solicitó a la Junta de Gobierno Local que cerrara su expediente disciplinario, una petición que desestimó al «no haber variado las condiciones que impulsó el expediente».