El Síndic de Greuges cierra la investigación a la Conselleria de Mónica Oltra sobre los abusos a menores

Un documento que los populares han incluido en su petición al Parlamento Europeo para que fiscalice la labor de la dirigente de Compromís. Precisamente, la vicepresidenta autonómica comparecerá el próximo 18 de enero en las Cortes Valencianas para explicar estas cifras en lo que considera una «campaña de bulos y difamación» de los populares, al confundir «un protocolo que se activa ante la sospecha de un posible abuso o maltrato» con «un abuso perpetrado».

En la resolución publica este jueves, el Síndic considera aceptadas las recomendaciones realizadas a Igualdad tras recibir respuesta de este departamento y se compromete a «seguir desarrollando las actuaciones pertinentes para comprobar el efectivo cumplimiento de las mismas».

Recomendaciones que pasan, entre otras, por elaborar un único protocolo de «detección precoz e intervención ante posibles casos de violencia sexual sobre menores» que reformule los actuales para adaptarse a la ley estatal. También por establecer «estándares e indicadores» que permitan evaluar la eficacia de esa forma de proceder.

No obstante, se trata de la segunda vez en pocos días que la institución da carpetazo al asunto . El pasado 27 de diciembre, la Conselleria remitió un escrito al Síndic en el que se excusaba por no poder responder a sus requerimientos debido al elevado volumen de trabajo de su personal. Una respuesta que el organismo que encabeza Ángel Luna no dio por buena, por lo que cerró el caso este lunes al entender que el departamento de Oltra no aceptaba las mejoras propuestas.

Sin embargo, el martes se recibía otra comunicación mucho más detallada por parte de Igualdad en la que se respondía, punto por punto, a las recomendaciones del Síndic y solicitaba sus disculpas por un retraso que achacaba a «la voluntad de que la respuesta fuera lo más completa y exacta posible».

La oposición ha redoblado en los últimos tiempos la presión sobre Mónica Oltra tras confirmarse, por parte del TSJ valenciano, la condena a cinco años de prisión a un educador de un centro de menores -exmarido de la dirigente- por abusar sexualmente de una adolescente bajo el amparo de la Administración . Un caso al que sigue una investigación paralela: la Audiencia de Valencia ordenó hace unas semanas reabrir las pesquisas contra cuatro trabajadoras de Igualdad y Políticas Inclusivas para dilucidar si se protegió correctamente a la menor tras denunciar los hechos.