El 80% de casos de abusos sexuales a niños en la Comunidad Valenciana acaban sin sentencia

Se trata de un estudio que cuenta con un anexo específico para la Comunidad, donde se han analizado los abusos sexuales a menores a través de más de 200 sentencias judiciales, según ha indicado la entidad en un comunicado.

Las denuncias por abusos sexuales a menores en territorio valenciano aumentaron un 19,2% el pasado año, pasando de 547 en 2015 a 652 denuncias en 2016, según datos del Ministerio del Interior. A pesar de estas cifras, la mayoría de los casos (cerca del 85%) siguen permaneciendo ocultos, según 'Save the Children '.

La mayoría de procesos judiciales abiertos en la región se suspenden por falta de causas que justifiquen la acción de la Justicia, una ratio que se sitúa concretamente en un 75,6% y que se encuentra por encima de la media estatal, con un 72,2%.

La organización ha lamentado que estas cifras demuestran que denunciar y llevar el caso a los tribunales no es una garantía de protección para el menor que ha sido víctima de abuso. Las declaraciones de los menores suponen un trauma para las víctimas, y el sobreseimiento del caso provoca que el abusador pueda seguir en contacto con los niños.

El informe alerta de que tanto en la Comunidad como en el resto de España el abuso sexual se extiende de media cuatro años , lo que para la organización demuestra que aún no existen las herramientas necesarias para prevenir y detectar los abusos ni para que los niños puedan denunciarlos.

Los sobreseimientos en los casos por abusos sexuales a menores están relacionados con el hecho de que, para que un testimonio sea válido, no tiene que haber retractación ni interés en mentir y debe haber alguna forma de corroborar la declaración, ha explicado la organización.

'Save the Children' ha criticado que estas tres condiciones son "complicadas de cumplir" en el caso de los niños, que al ver la reacción de los adultos o por no querer enviar al acusado a la cárcel por ser un familiar o conocido, se retractan. Asimismo, es "complicado" que haya testigos del abuso , han indicado.

Si no hay testigos, la responsabilidad de dar credibilidad al niño recae en manos de los psicólogos forenses. En la Comunidad, no se les exige estar especializados en la atención a menores de edad, han señalado en el comunicado.

La entidad ha defendido que las declaraciones deben tomarse "lo antes posible", por un profesional cualificado y en presencia del juez instructor, el abogado defensor y el fiscal y grabarse como prueba preconstituida. Esta prueba evita además que el niño tenga que declarar años después y revivir el trauma, han resaltado.

Aunque esta prueba está recomendada por la Fiscalía General del Estado y aceptada en la Ley del Estatuto de la Víctima de 2015, sólo el 0,19% de las sentencias en la Comunitat se realizaron con prueba preconstituida.

Para el responsable de 'Save the Children' en la Comunidad Valenciana, Rodrigo Hernández, es "intolerable que un niño pase una media de siete años entre que se empiezan a producir los abusos y se acaba todo el proceso judicial".

En esta línea, la organización ha lamentado una serie de "fallos y debilidades" en la respuesta de las administraciones públicas "tanto en la prevención, detección, el proceso judicial como en la atención y tratamiento psicológico a las víctimas".

Más de la mitad de las víctimas de delitos contra la libertad sexual de la Comunitat en 2015 era menor de 13 años, un hecho que para 'Save the Children' abre el debate sobre la necesidad de instaurar la educación afectivo sexual en la enseñanza reglada y en edades tempranas. En la actualidad, la educación sexual se imparte a partir de los 12 años y no en todas las escuelas.

"A pesar de que en la Comunidad Valenciana de manera pionera se ha rebajado el inicio de la educación sexual a los 12 años gracias a la modificación del Plan Integral de Educación Sexual (PIES) en 2017, desde 'Save the Children' pensamos que continúa siendo insuficiente, ya que más que la mitad de los delitos contra la libertad sexual se producen entre los 0 y los 13 años" , ha afirmado Hernández, responsable de la organización en el territorio.

Por todo ello, la organización ha reclamado una estrategia integral que incluya una Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia que establezca, entre otras, que se amplíe el Plan Integral de Educación Sexual (PIES) y se garantice la educación afectivo sexual en la enseñanza reglada y desde edades tempranas.

Otro de los aspectos que debería recoger la normativa es que se dé prioridad a la tramitación de los procedimientos de abusos a menores y se incluya formación específica a todos los profesionales involucrados en el proceso. Además, reclaman la creación de una Fiscalía específica y juzgados de instrucción especializados en este tipo de violencia.