Sanidad revertirá a la gestión pública el servicio de resonancias privatizado

Este informe concluye que hubo un "insuficiente control por parte de órganos de contratación" al no ejercer "los poderes de policía que le atribuía el contrato", lo que ha provocado que la ejecución del mismo "haya dependido en gran medida de la voluntad de la empresa contratista".

Oltra ha afirmado que la concesión no se renovará en septiembre de 2018, y mientras tanto, se ha ampliado una de las modalidades del contrato que permite a los profesionales sanitarios utilizar los equipos privados instalados en hospitales públicos, para ir formando al personal que deberá asumir el servicio el próximo año.

Ha explicado que esta modalidad, que se aplicaba en tres hospitales cuando gobernaba el PP, se aplica ahora en nueve, y además de permitir que los profesionales se vayan formando de cara a la recuperación del servicio, conlleva ahorros de entre 400.000 y dos millones de euros anuales.

Oltra ha explicado que la Conselleria de Sanidad está planificando desde hace más de un año la integración de este servicio en el sistema público; para ello, se ha creado un grupo de trabajo de radiodiagnóstico, que estudia la planificación de la internalización ante la próxima finalización del contrato.

Asimismo, ha activado distintas medidas para hacer frente a la falta de supervisión que denuncia el informe de la Intervención General, y entre ellas, ha dado operatividad a la Comisión Permanente de Expertos, órgano que no se creó hasta 2013 y estaba congelado.

Ha aprobado también un catálogo corporativo único para pruebas de radiodiagnóstico (que incluye las resonancias) que ha sido validado en el marco de la Comisión de Expertos, lo que permite la aplicación de unos criterios de facturación claros, definidos y únicos para todos los departamentos de salud, con efectos del pasado 1 de enero.

Para la realización del informe se seleccionó una muestra de tres departamentos de Salud ( Hospital Clínico de Valencia, Departamento de Salud de la Plana y Departamento de Salud Elche-Hospital General ) y, dentro de éstos, una muestra de exploraciones seleccionada de forma aleatoria mediante sistemas informáticos.

La UTE adjudicataria del servicio, formada por las empresas Eresa-Inscanner, SL, Ribera Salud, SA, y Beanaca, SA , presentó una facturación para el periodo 2008-2015 de 291.419.193 euros, y Oltra ha afirmado que debido a la falta de control se desconoce el exceso de facturación que puede haber habido en la prestación del servicio.

Ha señalado que la Administración no ha podido acceder a "mucha documentación necesaria para evaluar" ese exceso de facturación, y ha señalado que aunque hay algunas cifras hechas públicas en algún informe de la Sindicatura de Comptes, se sigue trabajando en la cuantificación y se hará pública cuando este cerrada.

El documento destaca "la inexistencia de unos criterios únicos de gestión y facturación por parte de la Conselleria" de Sanidad, y la existencia "de catálogos propios en cada departamento de salud, que difieren del previsto en el contrato".

También señala "la ausencia de implicación activa por parte de los servicios de radiología de cada uno de los hospitales y la aplicación de criterios propios de facturación por parte de la empresa al margen del contrato".