El PSOE recorta de 135.000 a 90.000 euros las subvenciones a los Moros y Cristianos de Alcoy

La decisión llega -casualmente o no- cuando planean ciertas sombras de duda en el entorno político sobre la contabilidad de la entidad, que se ha cerrado en banda ante las reclamaciones reiteradas de un festero de «transparencia» en los gastos, una solicitud elevada al ayuntamiento que el secretario de la ASJ, Enrique Ruiz , ha rechazado como un «abuso de derecho» completamente «desproporcionada» y que no está en absoluto «motivada ni justificada», según el escrito de alegaciones presentado a las autoridades locales en nombre de la organización a la que representa, y al que ha tenido acceso ABC.

De forma paralela, esta exigencia de claridad en los justificantes y facturas del uso de estos fondos públicos se juzgará el próximo 21 de noviembre , a raíz de una denuncia presentada por el mismo festero y otro veterano participante en los festejos. Los 135.000 euros no representan el grueso del presupuesto del Casal , que gestiona la recaudación de las sillas para presenciar los desfiles, una fuente de ingresos mucho más importante -más de 300.000 euros- para la que se requiere la ocupación de la vía pública, por autorización municipal.

Al mismo tiempo que el ayuntamiento rebaja su aportación a la fiesta, también pide al Consell que ponga más dinero, con el argumento de que los Moros y Cristianos merecen equipararse a otras celebraciones como las Fallas de Valencia o las Hogueras de San Juan de Alicante.

De hecho, la Agencia Valenciana de Turismo , dependiente de la Generalitat, ya ha subvencionado en otras ocasiones los festejos alcoyanos, y en la actual tesitura, sus fondos pueden resultar providenciales para compensar el recorte drástico de la inyección económica habitual de las arcas locales. De hecho, la aspiración apunta a 30.000 euros, casi coincidente con la cantidad mermada por el ayuntamiento.

En cuanto al detalle de dejar la aportación municipal en 90.000 euros puede responder a que por debajo del listón de los 100.000 euros anuales, se flexibilizan un tanto las exigencias y controles sobre las subvenciones, estipuladas en la ley valenciana reguladora de estas cuestiones, según fuentes jurídicas consultadas.