Procesan a la patronal autonómica valenciana por fraude y delito fiscal

El instructor procesa también al Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón , dependiente de la anterior, a la patronal autonómica Cierval, y a otras cuatro mercantiles (academias y centros de formación ) que supuestamente emitieron las facturas falsas que permitieron el desvío de 1,8 millones de euros concedidos a la CEC por Cierval de los 12 que recibió esta última de la Generalitat Valenciana.

El juez cumple así el mandato de la Audiencia Provincial de Castellón , que revocó el primer auto dictado en julio de 2016 por el Juzgado de Instrucción número de 1 de Nules por considerar que no estaba suficientemente motivado y ordenó dictar una nueva resolución en la que se concretara con más precisión los datos objetivos de los que se deduce la relevancia penal de la conducta de los investigados.

Ahora, el magistrado dicta ese nuevo auto en el que concluye que los hechos investigados "revisten carácter de delito" y procesa a los investigados por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

En su auto, notificado ya a las partes, el magistrado mantiene que Montero, como secretario general de Cierval y de la CEC y Espejo, como encargado de planes de formación de la patronal castellonense, guiados por "el ánimo de lucro mediante la indebida obtención de fondos públicos" se concertaron con los empresarios también procesados para que, a través de terceras personas, físicas o jurídicas, interpuestas "se facturasen actividades complementarias inexistentes a otras efectivamente realizadas, de modo que, por cada acción formativa se emitían dos facturas ".

Una de esas facturas, explica el magistrado en un resolución, "se ajustaba a la realidad y era emitida por el centro que había impartido el curso"; la otra, paralela, "no correspondía a acción formativa ni de colaboración alguna, la que se reputa falsa".

Se abonaba directamente por la CEC "por autorización expresa" de Montero y Espejo.

Todo ello "pese a no existir vinculación contractual alguna para ello entre la entidad pagadora y esas terceras personas interpuestas , las cuales, además, carecían de la capacidad, formación o medios necesarios para realizar esas supuestas actividades complementarias, no constaban como docentes en ninguna de las acciones formativas incluidas en el expediente", según consta en el auto de procedimiento abreviado.

Dichas personas "no aparecen como docentes en los partes de firmas, ni se efectuaron por su parte ningún trabajo de evaluación de la calidad de la docencia, ni intervinieron en la gestión y ejecución de los cursos, todos estos conceptos incluidos en las facturas falsas, no estando tampoco dados de alta en la aplicación informática de gestión de los planes de formación "FOCVS", imprescindible para efectuar tales labores".

Posteriormente, recoge el auto, "en fechas próximas a cada uno de los abonos correspondientes a las facturas falsas, alguna de las personas concertadas se personaban en la sucursal bancaria correspondiente y retiraban en metálico la práctica totalidad del dinero transferido, sin justificar el destino dado a tales fondos".