PP y Cs exigen responsabilidades a la Generalitat por el fallo de un desfibrilador en los juzgados de Valencia

El vicesecretario general del PPCV, José Juan Zaplana , ha pedido a las conselleras de Justicia, Gabriela Bravo, y Sanidad, Ana Barceló, que asuman responsabilidades políticas y «den la cara» tras el suceso. «Queremos saber de quién dependía el mantenimiento de ese equipo y si las consellerias de Justicia y Sanidad conocían el estado de ese desfibrilador», ha asegurado Zaplana.

En un comunicado, el diputado popular ha anunciado que el PP ha presentado una iniciativa para conocer el estado de los desfibriladores que hay en los centros públicos de toda la Comunitat Valenciana para que «no tengamos que lamentar nuevas tragedias».

En la misma línea, Ciudadanos ha registrado una batería de más de 150 preguntas relativa a la situación en la que se encuentra la Administración de Justicia en materia de prevención de riesgos laborales.

El diputado de la formación naranja en Les Corts, Luis Arquillos , ha exigido explicaciones a Bravo ante «la dejadez» en estos aspectos y ha señalado que la Conselleria de Justicia es «reincidente» a la hora de incumplir las normativas de seguridad y protección, «no escarmientan y demuestran que no han tomado medidas».

Arquillos ha puesto el foco en minimizar el impacto de accidentes graves antes de que se produzcan y no después, al tiempo que ha lamentado que «tanto los trabajadores, como las personas que allí acuden para realizar trámites, se encuentran desprotegidas , no por falta de elementos sino por falta de interés por parte de los responsables».

Este pasado viernes, la directora general de Justicia, Bárbara López , explicó que las baterías del desfibrilador de la Ciudad de la Justicia de Valencia se revisaron por última vez el 16 de noviembre de 2016 y que el fabricante del dispositivo recomienda que se haga cada tres años .

Por ello, ha asegurado que la administración «está investigando y va a investigar en profundidad por qué no han funcionado las baterías de este aparato». Además, la Dirección General ha solicitado «los informes pertinentes tanto a la gerencia de la Ciudad de la Justicia como a los servicios de mantenimiento y seguridad de la Conselleria de Justicia».