El PP presiona a Rita Barberá para que deje sus cargos públicos

El partido todavía no le ha reclamado oficialmente el acta de senadora al no estar imputada, pero sí que deje la presidencia de la Comisión Constitucional. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, opinó ayer que « sería positivo» para ella dar «un paso atrás» y no estar al frente de ninguna comisión parlamentaria del Senado.

Este puesto era un compromiso del partido, dado que lo ocupó en la última parte de la anterior legislatura -desde septiembre hasta la disolución de las Cortes-, pero ahora la situación ha cambiado y consideran que debe abandonar sus responsabilidades públicas y dejar de tener relevancia en el grupo parlamentario.

La intención, explicó Casado, es que Barberá «pueda seguir con su defensa» y « no se mezclen unos casos con unas negociaciones y con una actividad parlamentaria » -en alusión a la trama de Imelsa- en un momento en el que «se pueden pedir propuestas de reformas muy importantes» de la Constitución «por parte de otros grupos parlamentarios».

El mensaje que pretendió transmitir es que lo mejor para el PP sería que dejara su acta voluntariamente, máxime cuando todo este caso podría afectar a las conversaciones de Mariano Rajoy para formar Gobierno.

También consideró que debería comparecer ante los medios de comunicación y qu e sería «bueno» que «se explique» y aporte «toda la información para dejar clara su defensa de que no ha tenido ninguna responsabilidad en los hechos que se están investigando».

Hasta ahora, la exalcaldesa de Valencia únicamente ha realizado declaraciones a través de un comunicado, en el que negaba que se hubiera amañado ningún contrato en el Consistorio y que existieran «mordidas o desvíos a financiación ilegal». Además, pedía «no confundir prudencia y sosiego con atrincheramiento o desaparición», unas palabras que parecen ser su intención por el momento, tal como admiten desde el PP: esperar a ver cómo se desarrollan los hechos y de qué forma puede verse afectada por este caso .

Las declaraciones de Casado también suponen asumir la responsabilidad de pedir el acta a Barberá después de que Génova apuntara la semana pasada a que se trataba de una decisión que debía tomar la dirección regional del PP valenciano. Su presidenta, Isabel Bonig, devolvió la pelota y remarcó que es la dirección nacional del partido quien tiene competencias para ello, destacando que «será tratada como cualquier militante» en el supuesto de que acabara imputada.

En la refundación del PPCV que pretende llevar a cabo a través de un congreso extraordinario, Bonig también descartó que se fuera a contar con Barberá puesto que «hay otra generación dispuesta a coger el testigo».