El PP acudirá al Constitucional y al Defensor del Pueblo contra el decreto del plurilingüismo

La Diputación seguirá reclamando a través de las medidas judiciales oportunas "el cumplimiento de la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo impulsado por el Consell", según un comunicado de la corporación provincial.

Como reacción a la postura de los populares, la portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, Mireia Mollá, ha afirmado que el PP "quiere volver a la enseñanza por la que solo el 30% del alumnado domina las dos lenguas cooficiales y solo un 6% el inglés", por lo que les insta a "dejar de bloquear el plurilingüismo".

En un comunicado, Mollá ha asegurado que el PP "quiere bloquear" este modelo en contra de "la voluntad de padres, docentes y universidades que lo han abrazado e impulsado", ya que "participaron positivamente en los consejos escolares para aplicar un modelo que realmente enseñe idiomas".

En cambio, el presidente de la Diputación alicantina ha opinado que la Conselleria de Educación "está burlándose claramente de la justicia", algo que, según ha afirmado, "no" lo van "a permitir, porque con ello está atacando los derechos de ciudadanos y la libertad de los padres y madres a elegir la educación que quieren para sus hijos".

"El Consell sigue sin cumplir el dictamen emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) que le obliga a paralizar cautelarmente el decreto, por lo que volveremos a presentar ante la Sala correspondiente otro incidente de ejecución para que se haga efectivo", ha anunciado Sánchez.

Y ha añadido: "Creemos firmemente en la justicia, algo que no parece hacer el señor (Vicent) Marzà (conseller de Educación), y agotaremos todas las vías legales posibles para defender los intereses de los ciudadanos de la provincia".

Sánchez ya ha anunciado que "la Diputación de Alicante presentará alegaciones al recurso de reposición planteado por la Conselleria frente al auto del 27 de julio que resuelve el incidente de resolución presentado por la Diputación" y que "se utilizarán cualquier otro mecanismo a su alcance para que se respeten las leyes y los derechos de los ciudadanos".

En la misma línea se ha pronunciado Císcar, quien ha criticado que el decreto-ley tiene como objetivo "eludir" la suspensión cautelar dictada por el TSJCV. Sobre la presentación del recurso, Císcar ha apuntado que solo tiene potestad para ello el Gobierno central o un grupo de 50 diputados o senadores. "Estamos en un estudio en profundidad del decreto-ley y si hay materia para el recurso, se va a interponer", ha anunciado, además de precisar que existe un plazo de dos meses para plantearlo.

En una comparecencia pública este miércoles, Císcar ha valorado que el nuevo decreto "abre la posibilidad" de que los alumnos de tres años no tengan clases de inglés , cuando el decreto de 2012 obligaba a una hora y media "cómo mínimo". Así, ha acusado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig , y a la vicepresidenta, Mónica Oltra , de perseverar "en su verdadero objetivo: la progresiva imposición del valenciano en la educación ".

"De lo que se trata es de la desaparición del castellano de la educación, de la administración, de los usos oficiales . Esto es lo que en su día se inició y ocurrió en Cataluña , que es el modelo con el que sueña Compromís para la Comunitat, y es el modelo con el que sueña una parte importante del PSPV, entre la que se encuentra Ximo Puig", ha opinado.

A juicio del PP, "hay elementos" que apuntan a la "más que posible" inconstitucionalidad. Para ello, José Ciscar ha argumentado que el decreto-ley "solo se puede utilizar para casos excepcionales" y ha mantenido que el Consell era conocedor de la suspensión del decreto desde mayo , de manera que " no se puede alegar urgencia " por el inicio del curso el próximo viernes.

Asimismo, ha agregado que no existe "extraordinaria necesidad" porque cuando se suspende el primer decreto "no se produce un vacío normativo" ya que "lo dice el TSJCV, está el decreto de 2012".

Finalmente, Císcar ha señalado que el decreto-ley no puede regular derechos fundamentales que deben ser regulados por leyes orgánicas. "Pretenden convalidar en las Corts este decreto-ley pasado mañana, en el primer pleno, y lo hacen incumpliendo el reglamento de las Corts que dice taxativamente que al inicio del período de sesiones, que comenzó el 1 de septiembre, el primer debate debe ser para Política General".

Una aprobación en esa primera sesión parlamentaria podría derivar en "algún tipo de impugnación y a la larga que invalidara la convalidación del decreto-ley".