Podemos rechaza modificar el decreto que permite intervenir en la venta de edificios pese al intento del PSPV

La norma parte de la Conselleria que dirige el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, Rubén Martínez Dalmau (Podemos), y en ella se establece la ampliación de vivienda pública en la Comunidad Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto. Su convalidación ha de llegar previsiblemente a las Cortes en una sesión extraordinaria del 15 de julio. Y, aunque ya ha pasado el filtro del Ejecutivo, la voluntad del PSPV era replantear parte de un redactado que considera mejorable , tal como publicó este martes ABC .

Los socialistas encuentran especialmente conflictivo el artículo 10, que también ha generado un fuerte rechazo entre los promotores inmobiliarios y entre los notarios al interpretar que supondría intervencionismo en el mercado. En él se expone que la Generalitat podrá ejercer preferentemente el derecho de compra a la hora de adquirir viviendas transmitidas en ejecución hipotecaria o mediante dación en pago. Y, lo más importante, podrá intervenir en grandes operaciones inmobiliarias para quedarse edificios enteros . Una medida con la que, justificó Dalmau, pretenden evitar «las grandes ventas de edificios y paquetes a los fondos buitre». Sin embargo, los socialistas creen que no se especifica con concreción qué son los grandes tenedores ni los fondos buitre y vaticinan que podría acabar anulado por el Tribunal Constitucional.

Este temor no parece que sea extensible a Podemos, desde donde admiten que es muy probable que sea denunciado pero lo circunscriben a «posiciones políticas».

El intento de replantear este redactado pasaba por que el texto se tramitara como proyecto de ley en el Parlamento autonómico. El decreto es un mecanismo contemplado como excepcional del que los Gobiernos pueden hacer uso cuando se trata de un asunto de urgente necesidad y se salta varios pasos en comparación con una ordinaria, como por ejemplo que exista debate en el Parlamento y presentación de enmiendas o que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) pueda emitir un informe al respecto. Dalmau optó por esta fórmula, mientras el PSPV prefería que se tramitara como proyecto de ley, lo que sí permitiría la elaboración de enmiendas y, por tanto, la posibilidad de negociar entre los grupos la norma definitiva. Además, en este proceso se podía incorporar a algún partido de la oposición, como Ciudadanos, para que fuera aprobada con mayor consenso.

Los morados, sin embargo, se decantan por el «decretazo» , inciden en la «seguridad» de su legalidad y, de paso, critican el hecho de que un partido de dentro del Consell como el PSPV trate ahora de modificarlo. Postura que, especulan, puede deberse a las «presiones» de sectores económicos.