La madre de las niñas asesinadas por su expareja en Castellón exige responsabilidad al Estado

El 25 de septiembre de 2018, la expareja de Prats asesinaba a sus hijas y después se suicidaba. Meses antes, la mujer lo había denunciado tras recibir amenazas , pero la Justicia no consideró el riesgo y descartó otorgarles medidas de protección.

Ahora, Prats ha comenzado los trámites para exigir responsabilidad patrimonial al Estado por lo ocurrido, según ha confirmado a Efe su abogado, Gabriel Rubio.

El letrado ha contado que en la valoración del riesgo de la mujer no se tuvieron en cuenta las pruebas de amenazas de la expareja de Prats, en las que decía que todos iban a terminar muertos y él en la cárcel y que le iba a quitar lo que más quería .

Las reclamaciones se fundamentan en que la valoración del riesgo realiza a Prats no tuvo en cuenta ni el riesgo de letalidad ni el riesgo en que se encontraban las menores, dos cuestiones recogidas en el Convenio de Estambul, firmado por España en 2011 y que entró en vigor en 2014.

Estos dos aspectos se incluyeron en la última instrucción sobre evaluación del riesgo policial el pasado marzo, ha denunciado Rubio, quien ha subrayado la «irresponsabilidad absoluta de que el Estado no haya cumplido con su propio compromiso internacionalmente adquirido» durante años.

«Hemos tenido protocolos -de evaluación del riesgo- inútiles a efectos de prever y poder valorar el riesgo de muerte de cualquier denunciante. La irresponsabilidad de la administración es imputable a todos los Gobiernos de todos los colores», ha añadido.

La Administración dispone ahora de seis meses para responder a estas reclamaciones y, una vez cumplido ese tiempo, Prats podrá acudir a los tribunales para exigir en ellos esta responsabilidad patrimonial.

«La razón es protestar firmemente por la dejadez que ha tenido la Administración durante todo este tiempo y en el alma de Itziar lo único que ya puede hacer, porque no puede pedir que le devuelvan a sus hijas vivas , es que esto sirva para evitar otro caso», ha aseverado el abogado.

«Llegaremos hasta donde haga falta, si tenemos que ir a las Naciones Unidas otra vez, iremos», ha advertido Rubio, en referencia al caso de Ángela González Carreño, cuya hija también fue asesinada por su padre en 2003 durante el régimen de visitas.

El Tribunal Supremo condenó al Estado español a indemnizarla con 600.000 euros el año pasado, después de que la ONU condenara también a España por no haber protegido ni a Ángela ni a la pequeña, ya que la madre había denunciado en varias ocasiones el riesgo de la menor.

Desde 2013, 30 menores han sido asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres, el máximo exponente de la violencia vicaria ejercida contra las mujeres.