El presidente de la EMT pone el foco en CaixaBank: «No deberían haber cursado las transferencias a China»

Grezzi ha manifestado, en declaraciones a EFETV, que la EMT y la entidad financiera tienen establecido un protocolo de actuación que exige la firma mancomunada electrónica de dos directivos, y CaixaBank «debería investigar qué ha pasado» pues se cursaron unos documentos de pago en formato PDF con las firmas falsificadas del director gerente, Josep Enric García Alemany, y de la responsable del área de Gestión, María Gayón.

Consultada por EFE, CaixaBank ha declinado pronunciarse al respecto.

«En realidad no sabemos muy bien qué ha podido pasar, pero está claro que se ha dado información confidencial, información que se tiene que custodiar, deber que se ha incumplido», ha dicho en relación a los DNI y las firmas de los dos directivos.

Por ese incumplimiento del deber de custodia de información sensible se procedió a despedir a la responsable del área de administración , al estar tipificado como una falta muy grave en un laudo arbitral de la EMT.

Según el concejal, en 2017 se introdujo un protocolo para que las órdenes de pago tuvieran un doble control, con la firma mancomunada, pero para cometer este fraude « se ha suplantado la identidad , se ha colaborado en documentos de pago falsificados y se ha saltado el protocolo».

Sobre la suplantación de identidad, ha detallado que el primer correo que se recibió era de una cuenta que comenzaba con el nombre «ggiuseppe» antes de la arroba y el dominio, cuando el correo electrónico corporativo -en caso de tenerlo, porque el edil asegura que nunca lo ha tenido - debería ser «ggrezzi@emt.es».

Por tanto, ha asegurado, la trabajadora «no debería haber aceptado ni haber dado curso, proveyendo de información detallada a los defraudadores», a esas órdenes mediante las que se procedió a ocho transferencias con destino a la cuenta de un banco en China, en concreto Hong Kong.

La Policía Nacional, ante la que se presentó una denuncia el pasado martes, investiga este supuesto delito y CaixaBank, ha afirmado el concejal, «debería investigar qué ha pasado».

La EMT también ha denunciado de forma telemática el supuesto fraude ante la Policía de Hong Kong para que siga el rastro del dinero. Grezzi ha dicho esperar una colaboración activa de «todos» para recuperar ese dinero, ya sea de forma directa, a través de las compañías aseguradoras o bien con el patrimonio de los culpables.

Ha descartado que se hayan pirateado las cuentas de los dos apoderados para ejecutar sus firmas, por lo que en principio no se ha producido ninguna intromisión en el sistema informático de la EMT.

Para este miércoles está convocada una reunión del Consejo de administración de la EMT en la que se dará cuenta de las acciones emprendidas por el supuesto fraude y se propondrá constituir una comisión de investigación para dar explicaciones sobre lo ocurrido, según ha informado la empresa municipal.

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio , ha manifestado que el protocolo de ciberseguridad del Ayuntamiento de València es «suficiente» y debería haber funcionado, por lo que se investigan cómo pudo saltarse y provocar el desvío fraudulento de cuatro millones de euros en la empresa municipal.

Fulgencio ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras presidir este lunes, junto con el alcalde de València, Joan Ribó, la junta local de seguridad con motivo de la celebración del 9 d'Octubre, y ha informado de que la investigación está abierta con «algunas vertientes» a resolver, por lo que ha pedido «prudencia».

El delegado del Gobierno ha señalado asimismo que están colaborando con el Ayuntamiento de València y «se dará cuenta a la autoridad judicial de las responsabilidades que pudieran derivarse».

«Entendemos que el protocolo debería haber funcionado y es suficiente pero se ha saltado» y «hay que demostrar por qué se ha saltado» y cuales son las implicaciones, ha añadido.

Al respecto, el alcalde de València, Joan Ribó , ha asegurado que el consistorio dispone de un protocolo de ciberseguridad, con una firma electrónica mancomunada de dos personas, el gerente y la responsable del área de gestión, y «ninguno de estos controles se hizo, se saltaron».

Ribó ha insistido asimismo en que el protocolo de seguridad municipal «es suficiente» y lo que ha habido ha sido al parecer «un falseamiento de unas firmas y de no seguir el protocolo correspondiente».

El alcalde ha informado asimismo de que el gobierno local planteará al consejo de Administración de la EMT la creación de una comisión de investigación para recopilar la información y datos sobre este hecho.

En relación con la petición del grupo municipal del PP de que comparezca en un pleno extraordinario para dar explicaciones del fraude, ha señalado que «no hay ningún problema de informar» pero que se hará en la comisión que se creará en el Consejo de Administración de la EMT, en la que están representados todos los grupos municipales.

Ribó ha pedido a la oposición «cautela», ya que ha recordado que la investigación policial sigue abierta y no se puede interferir en la misma.

Sobre la posibilidad de la creación de una comisión de investigación municipal, ha recordado que «la hemos pedido siempre por temas de corrupción política» y este caso, ha aseverado, «no lo es y son temas de una complejidad importante».

La vicealcaldesa de Valencia y portavoz socialista, Sandra Gómez , ha manifestado que el Gobierno del Rialto «tiene que ser transparente y dar toda la información a la ciudadanía» sobre este asunto.

«Creo que es necesario constituir una comisión de investigación en el seno de la EMT para que todos los grupos políticos puedan conocer toda la información, siempre respetando el trabajo que en paralelo se esté desarrollando en la investigación», ha afirmado y ha pedido «responsabilidad a todas las formaciones antes de hacer valoraciones sobre esta investigación en curso».

Sandra Gómez ha emplazado a «esperar a las conclusiones» que emita la Policía Nacional porque ha defendido que «darán luz a lo que ha pasado» en la EMT sobre «una estafa que afecta al dinero público de los valencianos y las valencianas». Unas conclusiones que, ha indicado, «arrojarán responsabilidades concretas sobre quienes hayan estado implicados» en esta trama.