La ley de expresidentes divide al PSPV y a Compromís entre acusaciones de revanchismo e incumplimientos

La proposición de ley ha llegado este miércoles a la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las instituciones de Les Corts, donde se han debatido las enmiendas presentadas al texto inicial de Podem.

La iniciativa planteaba, entre otras cuestiones, eliminar la oficina a disposición de los expresidentes y los dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y un chófer, que estos fueran miembros natos del Comité Económico y Social (CES) --y no del Consell Jurídic Consultiu (CJC) como ahora-- y establecía la posibilidad de la revocación parlamentaria en casos de condena firme por un delito contra la administración pública ocurrido antes, durante o después de su mandato.

Además, especificaba que en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta reforma los expresidentes que se hubieran acogido a los derechos fijados en la ley anterior deberían presentar a las Corts una memoria justificativa de la dotación presupuestaria para su oficina de apoyo.

Todas las enmiendas planteadas por el PSPV y el PP han salido adelante con la oposición de Compromís y Podem, quedando eliminados los artículos relativos al paso de los expresidentes al CES y la revocación , así como introduciendo de nuevo la oficina de apoyo y los dos puestos de trabajo y servicio de seguridad, dando dar cuenta los expresidentes del uso de los medios a su alcance en un informe anual de actividades.

Tras estas votaciones, Compromís y Podem se han abstenido en la votación al articulado, dejando claro en el primer caso que si se mantiene así el articulado votarán en contra en el pleno, ya que "se deja prácticamente igual" que la actual y "no tiene sentido el cambio".

La diputada de Podemos Fabiola Meco ha afirmado que su grupo vuelve a llevar esta cuestión a Les Corts no por "obsesión ni manía persecutoria" sino para intentar conseguir un acuerdo para "acabar con privilegios" traducidos en un gasto de 1 millón de euros hasta febrero de este año, una "barra libre" sin rendición de cuentas y para evitar que "presidentes indignos y condenados" puedan seguir "privilegiados a costa de los valencianos".

Ha recordado al PSPV que en el pacto del Botànic estaba la reforma del estatuto de expresidentes y le ha preguntado "por qué quiere mantener el status quo". "Tendrán que explicar por qué faltan a la lealtad de un pacto , por qué no tienen palabra o si la tienen, por qué no la cumplen. Tienen hasta el pleno para saber dónde quieren estar, si con los que cumplen la palabra dada o cierran filas con el PP", ha señalado Meco, que ha agregado: "Reflexionen, sean de esos políticos que cumplen lo que dicen y más si lo firman ante la ciudadanía".

Desde Compromís, la diputada Mireia Mollà ha defendido que los expresidentes puedan poner al servicio de la sociedad su experiencia y conocimientos en el CES pero la discrepancia es "que en el CJC y en el CES no", por lo que a dia de hoy "PSPV y PP no rebaten que en el CES podrían tener una participación activa, el quid de la cuestión es la retribución y las prerrogativas" y ha instado a abrir el debate sobre "el trato económico" que se le puede dar a un expresidente.

En este sentido, María José García (Cs) ha apostado por establecer una retribución durante tres años del 60 u 80% del sueldo como presidente, mientras dura su incompatibilidad para ostentar otro puesto de trabajo al dejar el cargo, para no condenar a "un difícil futuro laboral a quienes durante años sirvieron con dignidad, esfuerzo y dedicación".

El socialista Manolo Mata ha señalado que se está hablando de "la dignidad de un pueblo" que elige a sus presidentes en un momento dado y ha indicado que se trata de "un número muy, muy limitado de personas" que han "sacrificado su vida familiar y profesional durante muchos años" y a veces se habla de "prebendas" cuando algunas como llevar escolta es realmente un "castigo".

Tras remarcar que probablemente si la Comunitat tuviera de expresidente a Nelson Mandela este debate no se estaría dando, ha asegurado que su grupo presentó una querella contra Francisco Camps y pidió su dimisión en su día, pero no apoyarán nunca "algo que puede ser una venganza" porque la revocación de mandatos "no se puede dejar a una mayoría parlamentaria".

"Los expresidentes son lo más digno que hemos tenido", ha indicado, para agregar que el estricto régimen de incompatibilidades "imposibilita que cualquier expresidente pueda trabajar a no ser que sea funcionario y vuelva a su plaza" y él no es partidario de indemnizarles "por no hacer nada", sino que cree mejor que estén en el CJC y den cuenta de los medios de los que hacen uso.

El 'popular' Alfredo Castelló ha incidido en que no creen "ni en revanchas ni en odios" , sino en "prestigiar la política" y a quienes han ostentado el más alto cargo en la Generalitat.

"No creemos en destierros al CES ni en revocaciones de cargos públicos, eso no tiene que ver con la democracia representativa", ha señalado, para preguntar si con las incompatibilidades se quiere "condenar a morir de hambre a quien desempeña este cargo público", lo que promovería la "huída de los mejores".

En el siguiente turno Meco ha agradecido el interés de Ciudadanos por llegar al acuerdo en algunos puntos y el apoyo de Compromís, y ha cuestionado el "maniqueísmo y la demagogia" al aludir a la dignificación de la figura, indicando que "se ponen como se ponen (al PP y PSPV) porque se tocan privilegios que ustedes consolidaron" y "lo que les importa es que la dignificación de la figura se cuantifique".

Mireia Mollà ha asegurado que "llega un momento que una se cansa de ser el pegamento" porque lo ha intentado "todo" y ha incidido en que el problema es la retribución pero PSPV y PP no quieren porque se habla de tres años, el plazo de incompatibilidad, y no los 15 actuales: "Estamos hablando de dinero, ni de dignidad ni de nada, el bipartidismo está hablando de retribuciones, se han enrocado".

Mata ha señalado que el tema económico "no lo ha propuesto nadie en ninguna de las enmiendas" y ha preguntado a la diputada de Podem "dónde estaba cuando él estaba firmando la querella contra Camps" . "Llevamos cuatro años incrementando la transparencia, pero en este tema en concreto es el único que tenemos discusiones porque ustedes no creen que haya dignidad en ningún expresidente, no creen que la haya en los que vengan", ha indicado.

El PP por su parte, ha señalado que esta ley es "ad personam' y se trata de una cuestión ideológica por parte de quienes "no creen en la democracia representativa".