Juicio de RTVV: La Generalitat defiende la legalidad del ERE del PP para liquidar el ente

La vista se celebraba a raíz de una demanda presentada por el sindicato CGT tras el despido de 1.600 trabajadores por parte del anterior Gobierno del PP, presidido por Alberto Fabra. Posteriormente se adhirieron el resto de organizaciones (CCOO, UGT, Intersindical, USO y CSIF).

A esta denuncia inicial de nulidad se añadió una ampliación por sucesión de empresas entre RTVV (en fase de liquidación) y la recién creada Corporació Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) que pondrá en marcha el nuevo ente.

La reapertura de la televisión valenciana a toda costa por parte del actual Consell –conformado por PSPV y Compromís– ha dejado una imagen paradójica durante el juicio . Después de que estos partidos llegaran a calificar en su momento de «golpe de Estado mediático» la decisión del PP, los representantes legales tanto del Gobierno como de la corporación han defendido la constitucionalidad de la ley que en 2013 permitió el cierre de RTVV alegando que la prestación de ese servicio público es competencia del Ejecutivo autonómico. Incluso han afirmado que las causas económicas y de «fuerza mayor» que llevaron al legislador a ordenar el apagón están más que acreditadas .

También han abogado, como era previsible, por la improcedencia del ERE (no por la nulidad) y han negado que exista sucesión de empresas porque se trata de un «ente nuevo» que no usa ni los medios ni las frecuencias del antiguo (una afirmación que ha desatado duras críticas de los extrabajadores por considerarla falsa).

La visión de los sindicatos –que se han concentrado a las puertas de la Audiencia Nacional– es la contraria. Sus letrados han argumentado que la causa del ERE de extinción de RTVV desapareció antes de que dejaran de existir la totalidad de los puestos de trabajo, por lo que «la mala fe estuvo en la firma» .

Han planteado igualmente que la norma del cierre fue «inconstitucional» y un «acto de rebeldía» contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que consideraba nulo el primer ERE.

«Si se acepta que no se cumpla una sentencia (...) no puede haber un solo trabajador público que pueda dormir tranquilo, ya que se hacen normas para poder incumplirlas», ha criticado el abogado de CGT.

Para los demandantes hay otros factores que deben llevar a la invalidación del expediente, y es que la empresa invocó causas de «fuerza mayor» sin la perceptiva autorización de la autoridad laboral.

Tampoco han admitido como motivo la disolución de la personalidad jurídica de RTVV, porque ello significaría que «una decisión empresarial libérrima bastaría como causa justificativa».

Además, han incidido en la sucesión de empresas por la doble tarea que supone la nueva ley aprobada por el Consell: «liquidar con una mano, pero procurar el restablecimiento del servicio con la otra».

La visión del fiscal, sin embargo, es diferente y duda de la inconstitucionalidad de la ley, aunque cosa distinta es decidir si se optó por el «camino correcto» en la extinción de los contratos.

Tras la celebración del juicio, se conocerá la sentencia previsiblemente en unas semanas. Un fallo favorable a los trabajadores supondría un coste de entre 150 y 200 millones de euros para la Generalitat en concepto de indemnizaciones.

Precisamente a la misma hora que tenía lugar la vista, PSPV, Compromís y Podemos han firmado la renovación del Acuerdo del Botánico que garantiza la gobernabilidad del Consell. Una imagen no ha pasado desapercibida para los extrabajadores ni para políticos como el exportavoz de Esquerra Unida en las Cortes Ignacio Blanco.