El hermano de Puig incluyó el alquiler de un almacén de su padre para justificar ayudas a sus medios, según el PP

Los populares acusan en el escrito a Francis Puig y a sus socios, los Adell Bover, de utilizar un entramado empresarial para defraudar 1,2 millones euros a varias administraciones y sitúan el fraude global en unos 2 millones de euros. A Enrique Juan Adell Bover lo consideran presunto autor de delitos contra la Hacienda Pública y de malversación. Además, solicitan su declaración como investigado, además de la de varios cargos de la Conselleria de Educación y de la denunciante particular -expareja de un miembro de la familia Adell Bover- como testigos.

En la querella firmada por Eva Ortiz exponen varios mecanismos para cometer el supuesto fraude en la obtención de subvenciones para el fomento del valenciano por parte de las empresas Mas Mut Produccions, Comunicacions dels Ports (administradas por el hermano de Puig), Kriol Produccions, Canal Maestrat y Nova (de los Adell Bover).

Estas firmas, remarcan, habrían recurrido a la doble utilización y al falseamiento de gastos, a las facturas cruzadas entre sociedades, a las nóminas duplicadas o a la múltiple utilización de contenidos, «beneficiándose de la ausencia de control» por parte de la Administración.

En el apartado de facturas cruzadas, el PP menciona una que llama especialmente la atención. Se encuentra dentro de las presentadas en 2016 por Comunicacions dels Ports, y responde al concepto de alquiler de una edificación agrícola -un almacén- propiedad del padre de los Puig por valor de 5.142 euros. En opinión de los populares, resulta «inverosímil» que se realicen en este espacio actividades propias de una empresa de comunicación. De esta misma persona aparece otra por importe de 1.210 euros en 2017.

En cuanto a los gastos, la querella sostiene que se presentaban en varias administraciones (la Generalitat Valenciana y la Catalana) «para justificar subvenciones por el mismo concepto y, por lo tanto, duplicadamente, se correspondían con facturas muy cuantiosas de otras sociedades del grupo que también habían sido subvencionadas por esos mismos conceptos, por lo que no solo duplicaban la subvención sino que incluso se podría decir que la triplicaban».

Sobre las facturas cruzadas , exponen que «no se corresponden con trabajos reales o que, de serlo, se trata de trabajos que ya han sido subvencionados en otra sociedad, de modo que con esta técnica se consigue duplicar los gastos a efectos de justificación de la subvención».

Indica la querella que, teóricamente, una de las sociedades de Francis Puig compraba unos contenidos, por los que recibía una subvención del Gobierno valenciano, para después vendérselos «intragrupo» a otra de las mercantiles de su sociedad y que ésta, a su vez, se hiciera con otra ayuda pública. A continuación, según el PP, estas dos firmas recibían ayudas por ese mismo concepto y contenido de la Generalitat de Cataluña. De este modo, con un único contenido, el grupo habría sido capaz de obtener ayudas hasta en cuatro ocasiones, dos por administración.

En conclusión, los populares destacan que «llama poderosamente la atención el hecho de que ambos grupos empresariales sean beneficiarios de las mismas subvenciones reiteradamente pero, sobre todo, que lo sean cuando buena parte de los gastos que les sirven para justificarlas son consecuencia de facturas cruzadas entre las sociedades de ambas familias , de modo que se pone de manifiesto la intención fraudulenta de hinchar los gastos para obtener una mayor ayuda pública».