El Gobierno valenciano impone el requisito lingüístico «a la carta» para los funcionarios

El texto que será remitido al Parlamento autonómico contempla que la exigencia de la capacitación lingüística del valenciano será «proporcional y adecuada al puesto» . De esa forma, no queda claro qué nivel resultará necesario para optar, por ejemplo, a una plaza de médico en la sanidad pública.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha explicado que la Comunidad Valenciana era la única autonomía bilingüe de España en la que no se exigía el requisito de conocer la lengua propia para optar a un empleo en la Administración.

De acuerdo con el anteproyecto de ley, «sobre la exigencia del conocimiento del valenciano para el acceso a la función pública, se exige, como requisito general de participación en los procesos selectivos , la acreditación del conocimiento del valenciano en el grado que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes».

En el plazo de un año desde la aprobación de la ley se activará un reglamento que marcará los niveles específicos para cada puesto en función de la relación de los funcionarios con la ciudadanía.

La regulación del requisito lingüística dependerá en última instancia de la Conselleria de Justicia, en manos del PSPV-PSOE , aunque será preceptivo un informe favorable de la dirección general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación, controlada por Compromís .

Los socialistas optan por una regulación más laxa, mientras que los nacionalistas abogaban por aplicar el requisito a todos los puestos de la Administración. Por tanto, en el desarrollo reglamentario se despejarán las dudas. No obstante, organizaciones como Acció Cultural del País Valenci¡a (ACPV), Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua o el sindicatos Comisiones Obreras, partidarios de un modelo de inmersión lingüística similar al catalán , han lamentado lo que considera falta de ambición del Gobierno valenciano.

Con todo, según el Ejecutivo que preside Ximo Puig , el objetivo de la nueva ley pasa por «garantizar la atención en las dos lenguas oficiales y compensar los déficits que todavía presenta el conocimiento y el uso del valenciano para poder hacer efectivo el derecho recogido en el Estatuto de Autonomía de que cualquier persona pueda dirigirse y ser atendida en cualquiera de los dos idiomas».

Por lo que respecta a la regulación de la oferta de empleo público , el 50% de los puestos anuales se tramitarán por el sistema de oposición libre.

Asimismo, «se reducen considerablemente los plazos de los procesos de selección del personal al servicio de la Administración de la Generalitat, con el fin de agilizar el relevo generacional en un contexto marcado por el significativo envejecimiento de la función pública autonómica». De este modo, las pruebas deberán estar finalizadas en el plazo de un año a contar desde la convocatoria.

En lo que atañe a la selección del personal interino, se mantiene ligada a la constitución de bolsas de trabajo vinculadas al desarrollo de las ofertas de empleo público. Por este motivo, una de las principales modificaciones de la normativa es, precisamente, que, para inscribirse en esas bolsas de trabajo, siempre habrá que superar, al menos, alguna prueba del proceso selectivo.